Con el objetivo de atender la petición de la ciudadanía, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana la solicitud que entregará al Senado para una consulta popular para un juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón  y Enrique Peña Nieto.

En Palacio Nacional el mandatario anunció que tomó la decisión de impulsar la participación ciudadana en la vida pública del país con la solicitud de esta consulta, previa investigación, contra los exmandatarios.

“Es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos”, aseveró.

En su solicitud, el titular del Ejecutivo destaca que uno de los motivos que impulsan ésta es que durante cinco sexenios la aplicación de un modelo político-económico “elitista, antidemocrático, antipopular” provocó entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 una serie de problemáticas como la violencia y la desigualdad social.

Además, afirma, que el periodo neoliberal ha sido el causante de la pérdida de vidas y de la desaparición de miles de personas por la violencia en el país; también incrementó la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, entre otros.

Así, López Obrador justificó el por qué de una consulta en contra de juicio contra los expresidentes de los últimos cinco sexenios.

Sobre Salinas de Gortari, de quien dijo fue impuesto en 1998 en el poder mediante el fraude electoral, destacó el alza de la desigualdad social, la cual se remarcó, presuntamente, con la entrega de bienes públicos a particulares nacionales y extranjeros.

Acusó a Zedillo Ponce de León de continuar y llevar a sus últimas consecuencias la política privatizadora de su antecesor, ya que, por ejemplo, no sólo privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, sino que “adjudicó a los mexicanos deudas privadas por 552 mil millones de pesos en el marco del rescate bancario de 1998”.

Explicó que a la fecha, el país ha pagado 700 mil millones de pesos a los bancos por bonos del FOBAPROA; sin embargo, la deuda asciende a los 2 billones de pesos y no se terminará de pagar sino hasta el año 2070, aproximadamente.

Destacó que si bien Fox Quesada llegó a la Presidencia “como resultado del anhelo de alcanzar la democracia y alternancia”, violó el respaldo que le otorgó el pueblo de México al intervenir ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para impedir que la oposición llegara al poder.

"Se legalizó el turbio proceso legal de 2006 y Fox en una entrevista admitió: ‘era importante detener a López Obrador’ y en 2010 se jactó de ‘haber cargado los dados del proceso electoral’”, comentó.