RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Después de muchos amagos, la Fiscalía General de la República parece mostrar parte del músculo con el que se le dotó para hacer valer la ley y dejar de lado todas las interrogantes que se han hecho sobre su función desde su creación y el nombramiento del titular de la misma.
En el tiempo de vida que lleva dicha Fiscalía se ha mencionado en muchas ocasiones sobre la posible salida de Alejandro Gertz Manero y la eventual inoperancia mostrada en el papel que le ha tocado desempeñar y hasta de sus enfrentamientos con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, por diferencias de criterios en los casos correspondientes.
El caso más emblemático es el de Emilio Lozoya y su eventual corresponsabilidad en una serie de delitos, donde destaca la compra de la planta de fertilizantes, con un alto sobreprecio, lo que tiene detenido al vendedor de dicha factoría, Alonso Ancira.
Sin embargo, lo tardado del proceso en contra de Lozoya, su acogida al criterio de oportunidad y la poca acción ejercida en contra de diversos personajes acusados por Lozoya, hicieron sospechar que el retraso se debía a no contar con las pruebas suficientes que mostraran las responsabilidades de esos personajes, la mayoría de ellos pertenecientes en ese momento al Partido Acción Nacional.
Una y otra vez se urgía al Fiscal a actuar en consecuencia, ya que incluso e procedió a la extradición de Ancira y al compromiso de que este devolvería 200 millones de dólares del sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, aunque ahora se vincula al empresario en delitos ambientales y permanece en prisión.
Durante este tiempo, la FGR era recriminada por su inacción, aunque ahora parece haber reunido las pruebas suficientes para actuar en contra de varios personajes de los que una y otra vez se levantaban sospechas.
El primero es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de enriquecimiento ilícito por parte de la UIF, por lo que se pidió al Congreso su desafuero, por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Dichos cargos fueron rechazados de inmediato por el gobernante, quien se mostró dispuesto a presentarse ante la Cámara de Diputados para recibir la notificación del posible desafuero.
Hay quienes ven en la acusación en contra de García Cabeza de Vaca el inicio de una purga en contra de los gobernadores federalistas que han mostrado resistencias a las políticas del gobierno federal y que podrían ejecutarse otras denuncias en contra de algunos otros mandatarios estatales, conforma se acerque la fecha de la elección, para evitar la posible acción de estos en materia electoral.
Otro de los personajes con orden de aprehensión es Raúl Beyruti Sánchez, llamado el Rey del Outsoursing, acusado de delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.
La denuncia proviene de la UIF, avalada por la Fiscalía General de la República, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos inusuales en 92 empresas de Outsoursing, entre ellas Gin Group, cuya cabeza visible es Beyruti Sánchez.
Lo del llamado Rey del Outsoursing era bola cantada, ya que desde hace tiempo la UIF le seguía la huella y el Presidente López Obrador lo señaló en diversas ocasiones como uno de los principales defraudadores del fisco a través de estas empresas e incluso presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, para la desaparición de esta figura.
Beyruti Sánchez sabía que era inevitable la denuncia en su contra y la eventual orden de aprehensión, por lo que procedió a contratar una serie de profesionales en todos los ramos, abogados, contadores, diseñadores de imagen y relacionistas públicos para establecer una trinchera de defensa, la que, finalmente, parece no haberle servido de muro contra las autoridades.
Ahora habrá que ver si las denuncias contra estos personajes están fincadas con las pruebas y fuerza suficiente que puedan ser validadas por las autoridades judiciales.
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Alejandro Gertz Manero negó que la denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García sea una venganza política y dijo que será el Congreso el que defina si procede el desafuero.
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