José Luis Camacho Acebedo.

Redes sociales y medios de comunicación han sido invadidos en los días recientes por tres asuntos que la sociedad, en realidad, considera sin trascendencia para superar la lamentable condición de inseguridad y de economía sin control que padece.

Sin duda el caso más sonado ha sido la resolución del jurado que condenó como culpable de cinco graves delitos a Genaro García Luna.

¿Pero acaso hubo una gran mayoría de mexicanos que no estuviera convencido de que el ex secretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón estaba coludido hasta la médula con organizaciones de poderosas organizaciones de narcotraficantes?

La condena a García Luna era crónica de una muerte anunciada.

El famoso Plan B del presidente Andrés López Obrador es un ardid de manufactura indiscutiblemente electoral de pretender el control de los procesos que vienen.

Los senadores quitaron el artículo del Plan B que daba vida permanente a los partidos políticos testimoniales que existen (más bien medran) en el espectro partidario de México.

Pero el hecho es que, sin el famoso artículo cancelado para evitar que los partidos testimoniales sigan vegetando a costillas de los votos que les regalen sus aliados, los móviles centrales del Plan B siguen intactos.

Seguirán las inconformidades de inconstitucionalidad del Plan B que interpondrán los opositores al proyecto de mutilar al INE ante la Suprema Corte de Justicia.

Y será un momento de prueba para que la Corte demuestre su independencia del Poder Ejecutivo.

Y finalmente las declaraciones del titular de seguridad pública de la CDMX, Omar García Harfuch, en el sentido de que tenía ya vinculados a proceso una docena de presuntos partícipes en el atentado del que fue objeto nuestro compañero Ciro Gómez Leyva, dan la impresión de que en realidad no tienen nada.

El Patrón, que parece una figura de telenovela, no es el autor intelectual del atentado.

La mención de que detrás del atentado “pudo” haber estado el Cartel Jalisco Nueva Generación es solamente una suposición basada en algo que escucharon a alguno de los detenidos. Pero no hay indicio firme de que el CJNG haya participado en el atentado contra Ciro.

Es triste pero la impronta de que las autoridades de seguridad capitalinas andan “comprando culpables” del atentado contra Gómez Leyva, crece en la medida de que no se ofrecen resultados concretos del móvil y de quienes fueron los autores intelectuales del atentado.

Conclusión: 

La Corte de Estados Unidos realiza un proceso que deja limpio a las autoridades de su país de casos tan espinosamente relacionados como Rápido Y Furioso.

El Plan B sigue tratando de que el presidente controle las elecciones.

Y las autoridades de seguridad de la CDMX, están dando largas y largas al asunto de Ciro Gómez Leyva hasta que se pierda como ocurrió con los casos de Kennedy o Colosio.

Todos esos actores están de plano en el Juago de Juan Pirulero.