La detención de una de las figuras más conocidas del crimen organizado en Sinaloa, Ovidio Guzmán, ha ocupado la discusión pública de los últimos días y probablemente lo seguirá haciendo en el marco del encuentro trilateral que sostendrán México, Estados Unidos de América y Canadá. Sin embargo, más allá de la relevancia del evento y de la violenta reacción del grupo criminal, que volvió a incendiar a Culiacán y varias zonas de otras ciudades de Sinaloa, es importante extraer las lecciones y alertas y desafíos contra el Estado que nos deja este hecho.
En primer lugar, queda la preocupación por la capacidad de despliegue operativo y logístico que hizo el cártel de Sinaloa ante la detención de quien se asume que era uno de sus principales líderes. Pareciera en ese sentido que más que un intento de rescate se trató de una demostración de fuerza para alertar al Estado mexicano de que, a pesar de que el personaje mencionado fue detenido, los vehículos, las armas, las personas y su entrenamiento, el equipo de telecomunicaciones y la capacidad de control y despliegue territorial seguirán ahí.
¿Quién estará al mando de los centenares de personas que se movilizaron y de los cuales quedó constancia fehaciente a través de los numerosos videos que circularon en las redes sociales? Estamos pues ante una organización que, por lo observado, es gigantesca, y con un arraigo y base social inauditos, lo que impone un desafío auténtico ya no sólo a las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales, sino directamente al Estado mexicano.
La segunda cuestión que queda abierta es, ¿de dónde salen las armas que posee, éste, pero también el resto de los grupos delincuenciales que operan en el territorio nacional? ¿Cuántas tienen en su poder, cuántas municiones o cartuchos útiles; cuántas más están por ser adquiridas e incluso cuántas venden a otros sectores del crimen del orden común? A lo largo de esta administración poco se ha sabido de decomisos importantes de armas, y aún cuando está en operación el programa de cambio de armas por bienes para el hogar, lo evidente es que ese tipo de acciones se encuentran muy lejos de constituirse en soluciones estructurales.
Por ello lo esperable es que uno de los temas que se deberían abordar en la reunión entre los Jefes de Estado de América del Norte, es precisamente el del control de armas. México debe en ese sentido ser mucho más firme y exigir mayores controles para que los flujos de armas ilegales sigan llegando en las cantidades que lo hacen a nuestro territorio.
Otra de las lecciones que nos deja el que es ya nombrado como “culiacanazo 2.0”, es la inmensa base social de que dispone la delincuencia organizada; y esto va mucho más allá de cuestiones transaccionales, en las que lo que media es el intercambio de bienes o algunos recursos. En realidad, se trata de lo que algunos han llamado una “narco cultura” en la que cada vez más personas, la inmensa mayoría jóvenes, niñas, niños y adolescentes, aspiran a convertirse en integrantes o jefes de la mafia.
Lo anterior implica una cuestión mayor pues si bien se trata de una amenaza permanente al Estado de derecho, debe comprenderse de igual forma que estamos ante una situación crítica pues hay sectores de la población en muchas regiones donde no distinguen a la autoridad de los delincuentes; o dicho llanamente, no se entiende que los delincuentes son los malos y que no es ni legítimo, ni positivo ni deseable romantizar su presencia en nuestra vida pública, pues la penetración del crimen organizado en el mundo institucional solo puede tener un efecto corrosivo y destructor del orden público.
El hecho de que sectores de la población vean a varios personajes de la delincuencia en calidad de “héroes” habla de un severo golpe al esfuerzo civilizatorio que deben tener los procesos pedagógicos del Estado, pero también, en el fondo, de todo el aparato de administración y procuración de justicia; y de todos los cuerpos policiacos en el país.
Hay otras cuestiones de enorme preocupación, como el uso de niñas y niños en actividades del crimen organizado. Muchos de ellos son reclutados y muchos lo son con anuencia de sus familias. En buena medida ello explica por qué México tiene una de las tasas de homicidio perpetrados contra niñas, niños y adolescentes más altas del mundo; y por qué se les observa cada vez más en actividades que van desde la distribución y venta de drogas, hasta incluso actividades de sicariato.
Los efectos de esta realidad en nuestro país son terribles y tienen en las y los huérfanos de esta cruenta situación de violencia, los cuales suman varios cientos de miles y para quienes no hay una política, ni siquiera acciones de relevancia, para su protección, garantía integral de derechos y, sobre todo, romper con el ciclo de la violencia
Por otro lado, se encuentra la realidad que impera en las cárceles mexicanas. No debe olvidarse el terrible evento ocurrido en la fuga del CERESO de Ciudad Juárez, donde varios custodios fueron asesinados uno a uno. En ese sentido, debe subrayarse que, en los cuatro años de esta administración, quizá se tuvo la intención, pero no se logró transformar al sistema penitenciario nacional. Lo cual es muy grave porque las cárceles siguen siendo la zona más oscura del Estado; y por ello resulta inaceptable que luego de cuatro años de una narrativa que combate a la corrupción, se nos diga desde una aparente sorpresa, que no se sabía que en la mencionada prisión existía autogobierno controlado por jefes de la mafia.
Así, para cerrar: el hecho de que en los eventos de Culiacán el crimen organizado se haya atrevido a disparar contra aeronaves es la muestra más fehaciente del nivel de empoderamiento que los delincuentes suponen tener; y el grado de riesgo que están dispuestos a aceptar, sobre todo considerando los niveles de impunidad que existen en el país, y que, de no reducirse en el corto plazo, continuará minándose el monopolio exclusivo de la violencia legítima que tiene el Estado.
