De pasadita, como es su estilo para posicionar un tema en la agenda nacional para primero provocar reacciones y después abordarlo con mucho más detenimiento y razones, el presidente Andrés Manuel denunció que el Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya. A su juicio, lo anterior “Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”. Y advirtió a los ministros de la Suprema Corte que “Una cosa es que violen la Constitución (al ganar cuatro y cinco veces más que él, lo que está prohibido legalmente), y otra es querer dar un golpe de Estado, que ya no ejecutemos nada”.
La pregunta obvia brotó enseguida: ¿Ve ese riesgo con los mandatos judiciales? Y la respuesta no se hizo esperar: “Sí, un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró: (Julen) Rementería, ese sí muy cercano al pensamiento fascista. Ese planteó eso, que se me destituyera, que la Corte me destituyera y era tan absurdo que tuvo que retirarla, le echó la culpa a sus asesores”. Se trata del senador y empresario panista que colaboró con el muy corrupto gobierno veracruzano de Miguel Ángel Yunes Linares –presunto homicida y pederasta–, y al que Ciro Gómez Leyva trataba con deferencia en Radio Formula e Imagen Televisión.
Y la prospectiva de López Obrador, expresada en la mañanera del lunes 29, consiste en que la pretensión de detener las obras del gobierno de la Cuarta Transformación –“transformación de cuarta”, la llaman los muy poco creativos y obnubilados adversarios de AMLO– continuará, debido a que “no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras. Seguramente es lo que desea la mayoría de los ciudadanos, entre el 60% y el 80% que las más diversas encuestas atribuyen como respaldo ciudadano.
Lo cierto es que la interferencia judicial ante Obrador comenzó con el sexenio, desde el 1 de diciembre de 2018 las derechas se organizaron e invirtieron cuantiosos recursos para obtener en tribunales lo que no conquistan en las urnas, propósito que dispone del apoyo regular de jueces y magistrados.
Baste un ejemplo emblemático, la campaña que se orquestó en 2019, cuando el organismo empresarial #NoMásDerroches logró frenar durante varios meses la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, gracias a la eficaz colaboración de jueces y magistrados. El organismo liderado por el plutócrata y orquestador de las oposiciones políticas y empresariales, Claudio X. González, promovió 147 amparos en decenas de juzgados federales de ocho estados de la república, con lo que logró frenar la construcción del AIFA, una obra vital para el desarrollo mexicano, a la par que saturó instancias judiciales para imponer intereses corporativos privados. En lo que se refiere a la política energética de la 4T, de autosuficiencia y soberanía, el Poder Judicial operó para acotar severamente la prerrogativa gubernamental de establecer y aplicar políticas públicas, dictando resoluciones en detrimento de México y para favorecer a los grandes capitales aztecas y trasnacionales.
La naturaleza sistemática de los ataques al titular del Ejecutivo federal e incluso al Poder Legislativo, muestra que está en marcha una ofensiva judicial, misma que no resulta exagerado enunciar como judialización de la política o lawfare. Se trata de una guerra que se hace en nombre de la Constitución y que sin embargo sus métodos y espíritu son de corte anticonstitucional.
Acuse de recibo
Provocan pena ajena los malabarismos retóricos que emplean el dueto (intelectual y mercantil) Héctor Aguilar-Jorge Castañeda para explicar los escenarios para el próximo domingo en la elección para gobernadora del estado de México. Por supuesto que Camín privilegió el que favorece a la alianza del PRIANRD, siempre que voten masivamente las “clases medias” que se movilizaron por “¡El INE no se toca!” Puso de ejemplo también la “movilización” de 3 000 ciudadanos encabezados por José Ángel Gurría (Ángel de la Dependencia) y Margarita Zavala, bajo la consigna de “¡La Suprema Corte no se toca!”. Allí, un centenar de los presuntos opositores agredieron a señoras y adultos mayores, destruyeron el campamento desde el que exigen la renuncia de Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN. Pero cometieron el elemental y grotesco error de derribar el memorial de las 49 cruces de madera de los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. Se exhibieron de cuerpo entero como fascistoides y/o provocadores profesionales… El “no se toca” ya se abarató tanto que Alejandra del Moral, la hija putativa del Grupo Atlacomulco (Atrachomucho), la usa hasta desgañitarse como “¡El estado de México no se toca! Es decir, la “valiente” señora no quiere que se exprese la voluntad ciudadana por medio del sufragio, sino la designación a cargo de sus patrones.
