Federico Berrueto
No pudo ser más
inoportuno para la presidenta Sheinbaum el homicidio del alcalde de
Chilpancingo, el opositor Alejandro Arcos acontecido a menos de una semana de
tomar posesión. Días antes fueron asesinados Ulises Hernández, y Francisco
Gonzalo Tapia, el primero por tomar posesión como secretario de seguridad
pública y el segundo ya como secretario del ayuntamiento. Este martes se
presentará la estrategia de seguridad de los primeros 100 días. Lo ocurrido en
Guerrero, como en otros estados pone de relieve la ausencia de Estado en muchos
estados del país, en algunos por el enfrentamiento entre grupos criminales, en
otros por la hegemonía o dominio de un grupo criminal dando paso a la Pax Narca.
Hay tres
expresiones positivas en el programa de seguridad. Primero, que la presentación
y coordinación esté en manos de un civil, el secretario de Seguridad Ciudadana,
Omar García Harfush. Es imprescindible que la presidenta Sheinbaum empodere a
su secretario y que convalide su afirmación de que el mando y la estrategia será
esencialmente civil. A ello debe acompañarse el fortalecimiento de la
Secretaría al depositarle el mando de los servicios de inteligencia criminal.
Segundo,
privilegiar la coordinación interinstitucional, lo que para el gobierno federal
tiene al menos cuatro expresiones: la FGR, las fiscalías o procuradurías de las
entidades, los mandatarios locales con sus respectivos responsables de
seguridad, incluyendo los municipales y el sistema carcelario nacional.
En la estrategia de
seguridad los primeros 100 días se reconoce que la situación no es homogénea en
las entidades del país y que en los lugares con mayor criminalidad merecen
concentrar atención, tiempo y recursos singularmente. La estrategia iniciará en
los municipios de Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún y Colima.
El reto es que
recuperar a las policías y las fiscalías locales después de tantos años de
abandono no será fácil ni rápido. Es un avance significativo reconocer que la
solución debe construirse de manera compartida. Aspecto adicional para
considerar son los términos en los que la sociedad se involucre y participe de
una tarea que es de todos; la sociedad organizada, los medios de comunicación,
las escuelas, universidades y sindicatos deben sumarse al empeño por un país
más seguro y sin impunidad.
Tercero, encarar la
realidad en sus justos términos sin minimizar problemas y la descomposición
institucional, además del daño al tejido social, especialmente en las zonas de
alta criminalidad. La complacencia ha hecho mucho daño. No es nueva, pero se acentuó
en el pasado reciente a pesar de la militarización de la seguridad pública. La
crisis de seguridad pública debe tratarse más allá de los números, casos como
los de Chilpancingo exigen un trato cualitativo, al igual que la situación en
Sinaloa.
Son muchas las
autoridades en territorio a la defensiva, desmotivadas y temerosas. Tienen
razón cuando desde la presidencia se había declarado una virtual tregua frente
a los grupos criminales. En Guerrero la situación es sumamente crítica. Hacer
del crimen un espectáculo macabro como ocurrió en Chilpancingo es propio de la
delincuencia organizada a manera de intimidar a competidores y autoridades. Por
tal consideración es fundamental para las autoridades federales abatir la
impunidad y así convalidar su determinación de combatir al crimen, más en los
casos ejemplares como es el del exalcalde de Culiacán Melesio Cuén o el del
alcalde Alejandro Arcos de Chilpancingo y sus funcionarios. Los hechos deben
ser puntualmente esclarecidos y llevar a la justicia penal hasta sus últimas
consecuencias.
Guerrero merece
atención prioritaria en materia de seguridad pública. La estrategia de los
primeros 100 días así lo considera junto con Guanajuato, Baja California,
Chihuahua y Jalisco, además de Chiapas y Michoacán.
La iglesia católica
con energía y claridad desde hace tiempo ha denunciado la deplorable por la
inseguridad y la violencia. Por lo crítico de la situación y la urgencia de la
respuesta es pertinente hablar de los primeros 100 días, para emprender
acciones que desde ya que ofrezcan tranquilidad a las familias, ciudadanos y actividades
profuctivas, así como acciones en el mediano y largo plazo para la recuperación
del tejido social, fortalecimiento del sistema de justicia penal y la vigencia
del Estado de derecho.
La impunidad en
Guerrero, al igual que en Chiapas y otras partes ha permitido a grupos delictivos
a actuar con toda libertad en el control de territorios, rutas y actividades
económicas, así como influir en los gobiernos. Las ejecuciones de las dos
autoridades municipales en la capital del Estado y un próximo funcionario son
muestra. Sirva la estrategia del gobierno de la República sentar un precedente
que sirva de mensaje a propios y extraños de que se quiere y puede hacer frente
a quienes han ensangrentado el país. No se trata de declarar la guerra a nadie,
simple y sencillamente se deben salvaguardar los derechos de las personas y las
familias mediante el imperio de la ley y la eficacia de la justicia.
