Columnas armadas. Bloqueos carreteros y de instalaciones estratégicas. Filtraciones de alto impacto mediático, involucrando a una alcaldesa del partido en el poder presidencial. Objetivos políticos definidos, pero poco claros. Confusión y especulación. Una breve reseña de lo que ocurrió en las última horas en Chilpancingo, que para algunos pudo haber sido escena de una nueva insurgencia. No fue así. Veamos:

Un grupo insurgente es aquel que se levanta, en rebeldía, contra una autoridad, bajo una causa, un objetivo y un referente ideológico o religioso. Las organizaciones insurgentes tienen causas, métodos de lucha y un territorial que le permita reclutar simpatizantes y avanzar. Sus métodos pueden pacíficos, como la desobediencia civil contra el pago impuesto o resistencia contra órdenes de las autoridades; pero también incluyen tomar las armas y deponer a quien estén en el poder, a veces no para tomarlo sino para cambiarlo.

Desde la irrupción del EZLN, del EPR y el ERPI, en México los grupos insurgentes de perfil revolucionario han quedado prácticamente en el olvido, relegados y aislados. 

Sin embargo, lo que vemos en Chilpancingo es otro fenómeno social que se ha venido repitiendo, a veces de manera constante y, otras, de manera intermitente: la irrupción de la narcoinsurgencia. 

¿Qué significa esto? Una insurgencia dirigida por el crimen organizado; constituida por una base social cooptada voluntaria o forzadamente; alimentada, financiada y alentada para servir a intereses de organizaciones del narcotráfico, principalmente, aunque los negocios ilícitos cubra todo el espectro: trata de personas, extorsiones, secuestros y el tráfico humano. 

Para describir este fenómeno ha sido muy citado el informe del ex agente de la CIA Henry A Crumpton de 2009, “La Narcoinsurgencia de México y la política antidrogas de Estados Unidos de América”, el cual advertía que los narcotraficantes mexicanos pasarían de sus actividades cotidianas de la producción y comercialización de estupefacientes a una posible subversión paramilitar, como las que ocurren en varios países de África, Medio Oriente y Sudamérica.

En este sentido, una narcoinsurgencia contiene algunos elementos de una insurgencia pero sin las causas reivindicativas e ideológicas. Los cárteles pagan bases de apoyo por defender las siglas y los territorios que conquistan la FM, CJNG, CDG, CT, CDN, CDS, Ardillos, Rojos, Tlacos, CSRL, entre otros. 

Lo que sucede en Guerrero y en Chiapas no es nuevo ni exclusivo de estos dos estados de la República: los narcotraficantes han conformado una red de bases sociales de apoyo por varias regiones con colonos de barrios pobres, con desempleados y lumpen, pero también con taxistas, profesores, comerciantes, transportistas, constructores, mujeres, jóvenes e incluso comunicadores de radio y redes sociales, principalmente. Buscan el predominio de su organización y la instauración de un “Estado paralelo” en el cual ellos “cobren sus impuestos”, impongan sus reglas de convivencia (social y moral) y hasta la economía social cotidiana, desde ir por las tortillas hasta una transacción personal como vender un terreno o una vaca. 

Hace unas semanas comentamos que la situación en Chiapas estaba complicándose y que las denuncias del EZLN no debían minimizarse porque se estaban gestando grupos de paramilitares bajo fachada de organizaciones sociales, campesinas e indígenas, y a su vez, los zapatistas ya habrían creado columnas armadas de autodefensas para hacerles frente. En Guerrero ocurre similar: campesinos, indígenas, transportistas, taxistas, autodefensas, policías comunitarias y periodistas.

 El caldo de cultivo de la narcoinsurgencia es un cóctel de intereses económicos y políticos de los pactos que realizan representantes populares como legisladores, alcaldes y gobernadores, no sólo las autoridades policías. Después de los lamentables hechos de Tlatlaya, Estado de México, en 2014, cuando en reacción a la masacre cometida por militares contra criminales de la Familia Michoacana, éstos respondieron con bloqueos carreteros protagonizado por taxistas, transportistas y hasta llamados a la resistencia por algunas estaciones de radio e incluso una campaña nacional de victimización. 

En junio de 2017, policías federales y estatales, así como elementos del Ejército, que iban a detener al jefe del grupo llamado “Los Tequileros”, fueron emboscados por pobladores  de la comunidad de la Gavia, de San Miguel Totolapan,  provocando la baja de cuatro elementos. “¡Fue el pueblo completo!”, expresó uno de los comandantes. Y en efecto, poblares de uno de los municipios más pobres de la Tierra Caliente ahí estaban con piedras, escopetas, revólveres y otras armas que utilizaron contra fuerzas policiales. 

Lo que hemos estado viendo en Chiapas y Guerrero es reciente, pero hay que observar que estos grupos sociales de apoyo también han estado en el norte del país, como Tamaulipas y Nuevo León, así como en Oaxaca, Michoacán y Veracruz, por citar algunos de hechos no tan recientes, aunque similar operación. 

Aunque las comparaciones suelen a veces ser desproporcionadas, no olvidemos que Pablo Escobar Gaviria, extinto jefe del Cártel de Medellín trazó una ruta que parecen repetir otras organizaciones criminales mexicanas: una estructura financiera, que le permitía administrar y lavar los ingresos ilícitos de la organización; un brazo armado, para pelear contra sus adversarios y realizar ejecuciones selectivamente; un base social de apoyo, la cual servía no sólo como escudo de protección ante las acciones policiales y militares, sino para defender su razón de ser (de ahí que el fenómeno Escobar siga tan vigente hoy en día); y un frente político, cuando consideraba que era el momento de que tomara el poder de su país. 

Lamentablemente, y con toda la experiencia propia y de otros países, el tema sigue siendo minimizado por el gobierno de la República. No sólo la gobernadora Evelyn Salgado, sino la secretaria de Gobernación Luisa Alcalde brillaron por su ausencia. ¿No que sí estaban preparadas para un cargo de la envergadura que hoy ejercen? 

Que no se olvide; que no se repita.

+ El crimen de Guerrero toca las puertas en el EDOMEX Y la CDMX… Desde antes del proceso electoral en el EDOMEX, la organización llamada “Familia Michoacana”, cuya base está asentada en los municipios de la tierra caliente de Guerrero y Michoacán, ha venido desplegando acciones violentas que van de la región sur a Toluca. El tema está calentándose cada días conforme se acerca la toma de protesta de Delfina Gómez. Peor aún, informes de inteligencia policial ya tiene detectada la presencia cada vez más fuerte de este grupo delictivo en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Gustavo A. Madero. 

+ Ya no hablemos de Xóchitl… porque con ésta serán tres semanas que la comentocracia habla de ella. El impacto de la conversación sociodigital que realiza la empresa MWGroup registró casi 90 millones de menciones, de las cuales 71 por ciento son positivas entre el 29 de junio y el 05 de julio, siendo la conferencias mañaneras de AMLO y los cartones de Monero Hernández y El Fisgón los mejores impulsores. ¿Y saben qué han opinado de las corcholatas? Bueno, ayer apenas Ebrard detectó el vacío y lanzó su contra propuesta de política de seguridad pública. 

+ Porfirio, Adolfo Gilly y la ingratitud… Hace tiempo Muñoz Ledo y del maestro Adolfo Gilly se distanciaron mucho de quienes hoy se desviven en elogios. No recibieron el trato que merecían dos pilares del movimiento que iniciara Porfirio, González Guevara, Ifigenia Martínez, Cárdenas Solórzano y otros al que luego se sumó la izquierda electorera.   Al menos deberían disculparse en su memoria.