Se le conoce al “paquete económico” como la suma de los
Criterios Generales de Política Económica, que son las principales variables y
expectativas sobre las cuales se hace la planeación hacendaria del país.
Se le conoce al “paquete económico” como la suma de los
Criterios Generales de Política Económica, que son las principales variables y
expectativas sobre las cuales se hace la planeación hacendaria del país; la Ley
de Ingresos de la Federación (LIF); y el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF). Por ley, se presentan en septiembre y debe estar todo
aprobado en su conjunto a más tardar el 15 de noviembre del año en curso
(primero LIF y luego PEF). En el argot, se le conoce como “carátula” a las
láminas que sintetizan las principales variables económicas esperadas por
Hacienda, con las que hacen las proyecciones de finanzas públicas para el año
siguiente, es decir, el 2021, que en esta ocasión son: crecimiento del PIB de
+4.6%, precio de la mezcla petrolera de 42.1 dólares por barril, una plataforma
petrolera (producción) de 1.8 millones de barriles diarios y un tipo de cambio
promedio de 22.1 pesos. Por su parte, se estima un déficit presupuestal de
-2.9, igual al que esperan para 2020, cuando el aprobado por el Congreso fue de
2.1%, es decir, tendrán un déficit mayor de al menos 0.8%.
Para la Secretaría de Hacienda de este gobierno, sus
paquetes económicos han sido en extremo complejos por la falta de un elemento
clave: credibilidad. Aquí algunos datos: en 2019 anticiparon un crecimiento
económico de +2.5% y acabamos creciendo -0.3%. Este año calcularon que íbamos a
crecer +2.0% y nuestra economía tendrá su peor desplome histórico, esperado por
los mercados en al menos -10%.
Uno de los pilares de los compromisos económicos de esta
administración era no aumentar la deuda; sin embargo, habremos pasado de 44%
como porcentaje del PIB en diciembre de 2018, a 55% este año y algunos
analistas aseguran que puede llegar a cerca del 60%. Es decir, un aumento de al
menos 11% dado sobre todo el menor crecimiento económico, pero también un
aumento de la prima de “riesgo México” al haber tenido bajas de calificación
crediticia tanto el soberano (país), como Pemex en más de una ocasión. En el
paquete económico hablan de “continuar controlando y estabilizando la
trayectoria de la deuda”, cuando ya dejamos de tener superávits primarios y el
déficit ha sido mayor al esperado año con año. Asimismo, se solicita al
Congreso la autorización de un monto de endeudamiento interno neto de 700 mil
millones de pesos, y uno externo de 5,200 millones de dólares.
Si bien mucho de este deterioro económico y fiscal es
reconocido por la Secretaría de Hacienda en el paquete económico que se
presentó ayer 8 de septiembre, también es cierto que sigue faltando el elemento
central del que hablábamos: confiabilidad. ¿Por qué los actores económicos y
los legisladores habrán de creer en los números y expectativas de Hacienda
cuando van dos años consecutivos que erran (y no por poco) en sus previsiones
económicas? Van dos años que no calculan adecuadamente crecimiento de la
economía, pero tampoco el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público (RFSPs) que es la deuda en su sentido más amplio, ni han tenido
un cálculo correcto de los ingresos que debería haber tenido el estado mexicano
para hacer frente a los gastos programados sobre todo en áreas neurálgicas como
la salud, la educación, la infraestructura o la agricultura.
¿Por qué o bajo qué premisas objetivas, en el año de mayor
riesgo y volatilidad, ahora sí habrían de materializarse las expectativas del
paquete económico? Derivado justamente de esta inédita incertidumbre causada
por factores externos, pero también, y hay que subrayarlo, en gran medida por
los de origen interno, es justamente que Banco de México por segunda ocasión en
un informe trimestral, se ve imposibilitado a calcular con exactitud el
crecimiento económico esperado en el año y terminó por darnos tres escenarios
posibles: -8.8%, -11.3% o hasta -12.8% para este año y sus cálculos para el
2021 también tienen tres rangos según el tipo de letra del abecedario: afectación
tipo “V”, crecimiento de 4% a 5.6%; afectación tipo “V profunda”, crecimiento
de 4.1% a 2.8% y afectación tipo “U”, crecimiento de -0.5% a 1.3%. Lo que Banco
de México no menciona es que también puede haber otra desafortunada letra del
abecedario que es la “L”, donde se da una caída muy pronunciada y una temporada
de prácticamente un estancamiento económico, que no es imposible que ocurra. Es
negativa, pero no es irreal esta premisa: siempre todo se puede poner peor y no
mejorar de la manera súbita en la que se espera.
La tasa de crecimiento del PIB planteada por Hacienda para
2021 en los Criterios Generales de Política Económica es de 4.6%, lo que se
antoja poco probable y nuevamente y por tercer año consecutivo, demasiado
halagüeña dado el contexto. Por contexto debe uno entender la incertidumbre
generada de manera reiterada en México para la inversión privada nacional y
extranjera, derivada de políticas que cambian arbitrariamente el estado de
derecho, las decisiones de política y las prioridades. También debe uno
concebir en esta ecuación, la situación actual de pandemia y crisis global que
están dejos de resolverse de manera definitiva y amenazan con intermitencias;
mutaciones virales y de cepas; y en la parte económica y social, con el cierre definitivo
de empresas, pérdida de empleos; millones de nuevas personas en situación de
pobreza; y en la parte financiera, la obligada transformación de la crisis de
liquidez en diversas crisis de solvencia de mayor y menor escala, y de mayor y
menor sistematicidad que aún estamos por ver.
Este año nos “salvaron” 3 elementos, a los que posiblemente
puede adicionarse un cuarto (Remanentes de Operacion de Banco de México, que en
su caso se conocerán hacia fines de año). Estos fueron los tres “colchones” que
se dejaron funcionando desde la administración pasada y que han servido para “
empeorar menos” tanto el año pasado como éste: 1) El Fondo de Estabilización de
Ingresos Presupuestarios (FEIP), que existe desde el 2000, la administración
que terminó en 2012 lo dejó con 17 mil millones de pesos y la anterior con 280
mil millones de pesos, que seguramente acabarán por esfumarse este año ; 2) El
Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que
se creó en 2006 con recursos del Fondo Mexicano del Petróleo y de los
excedentes federales a fin de que cuando cayera el crecimiento económico, y por
ende cayeran los ingresos y las participaciones a estados y municipios, éstas
pudieran ser compensadas. En diciembre de 2018 contaba con un saldo de 92 mil
millones de pesos y el año pasado al cierre quedaban 60 mil millones. Este año,
de igual forma, seguramente acabarán por terminarse los recursos; y finalmente,
3) Los Fideicomisos públicos, donde se modificaron leyes y reglamentos este año
para que Hacienda pudiera “recoger” los fideicomisos públicos “sin estructura
orgánica”, es decir aquellos que no tienen obligaciones jurídicas-contractuales
presentes y futuras, como los flujos de recursos o financiamientos. De este
proceso, se esperaba obtener hasta 180 mil millones de pesos, aunque muchas de
las absorciones están siendo litigadas.
Estas han sido y siguen siendo las difíciles batallas de la Secretaría de Hacienda. Insisto que han hecho lo que en los márgenes les ha permitido el sistema y la administración en su conjunto, más no en lo amplio de su mandato y capacidades. México hasta el año pasado era la 15va economía del mundo (entre 194 países), somos grandes, diversos y dinámicos; con retos enormes, pero sin lugar a dudas con talento y competencia; con reservas internacionales, con un sistema financiero bien capitalizado y bien regulado; con una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional justamente para estas situaciones; con un Banco Central autónomo, experimentado, capaz y prudente. Los recortes que más que austeridad se convierten en un austericidio inaudito de la administración pública y no han sido ni serán suficientes dado el boquete del crecimiento económico. No hay duda del camino correcto: recuperar la senda del crecimiento económico a costa de cambiar el rumbo de las políticas públicas clave. Eso o el precipicio, con sus enfermos, sus desempleados y sus pobres.
