Son 99 funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que han sido denunciados ante el Ministerio Público (MP), de acuerdo con cifras preliminares del organismo desconcentrado al tercer trimestre del año. Esto es un crecimiento de 12.5% en comparación con el mismo periodo del 2020.
En este sentido, la casi centena de personas denunciadas es el número más alto para un tercer trimestre en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero, si se compara con otros sexenios, las 99 personas denunciadas están por debajo de los 107 servidores públicos acusados en el 2004 y de los 101 del 2015. Ellos, bajo las administraciones de Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
De acuerdo con el SAT, un tercio del total de los trabajadores denunciados se encuentran en las aduanas, sector en el que el gobierno federal ha puesto bajo la lupa este año con acciones como las de otorgarle el control a las Fuerzas Armadas en cuatro aduanas fronterizas del norte del país hasta el decreto presidencial para dar origen a la Agencia Nacional de Aduanas con el fin de erradicar la corrupción.
De estos 33 aduaneros acusados se sabe que sólo ocho lo están por contrabando y que los 25 restantes presumiblemente estén acusados de delitos con relación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), falsificación de documentos en general, delincuencia organizada, ejercicio ilícito de servicio público y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, ya que para la autoridad fiscal éstos son los principales crímenes.
El informe preliminar del SAT no aclara de cuáles áreas son los 66 funcionarios públicos restantes que han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República.
Se han procesado 13% del total de denuncias
En este mismo contexto, el organismo desconcentrado reveló que del 2020 al 30 de septiembre del 2021, se han presentado 1,809 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran a 1,876 personas, sin embargo sólo 13% (238 denuncias) han sido vinculadas a proceso. De los cuales, nueve son servidores públicos; 125, personas morales y 104, personas físicas.
Hace unos días, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, detalló ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja que desde que empezó la actual administración federal se ha cesado del trabajo a uno de cada 10 trabajadores por actos de corrupción. Asimismo, que existen más de 3,000 denuncias en la Fiscalía General de la República desde el primero de diciembre del 2018.
“Necesitamos el apoyo de la Fiscalía General porque mientras siga la impunidad de nada sirve que se denuncie. No puede existir impunidad, debe de haber un castigo, sino será inútil”, comentó Buenrostro Sánchez.
De igual manera manifestó que hasta el momento los servidores públicos están trabajando de la mejor manera pero si la Fiscalía (quien encabeza Alejandro Gertz Manero) no emite sanciones; aunque se denuncie a todos no pasará nada. Por ello, consideró necesario el apoyo interinstitucional.