El presidente López Obrador no tiene cuidado con las palabras. El insulto se ha instalado en el poder. Lo mismo se profiera a los ministros de la Corte que a los legisladores opositores, no se diga a medios de comunicación y periodistas independientes. De él fluyen palabras como traidores, representante de la reacción, de los conservadores corruptos, abogados patronales y otras joyas parecidas. No hay el mínimo respeto, tampoco comedimiento. La premisa del autoritarismo es la descalificación del otro.
El presidente perdió mayoría calificada de manera democrática. Los ciudadanos decidieron de manera pacífica, civilizada, con su voto libre en los comicios de 2021 que la coalición gobernante de partidos no tuviera los diputados suficientes para modificar la Constitución. Debe decirse que la ley impide que un partido tenga mayoría de las dos terceras partes, independientemente de la votación. Sí lo puede lograr una coalición. Ni con la sobre representación el oficialismo logró su cometido, quedó corto por 57 diputados.
El presidente festejó como triunfo los resultados de la elección de 2021 y para ello supuso que lograría la mayoría calificada rompiendo al bloque opositor, cooptando los votos del PRI. La estrategia de Rubén Moreira, coordinador del PRI y señalado por el propio presidente como corrupto, fue hacer valer los supuestos intereses diferenciados de su partido respecto a sus compañeros de coalición, contrario al sentido del voto que los llevó a la representación. En la reforma eléctrica de Peña Nieto se hizo eco de la tesis de López Obrador de que se habían tenido que comprar votos de la oposición para alcanzarla. Ya antes había votado a favor del gobierno en la contrarreforma educativa y fue de los pocos que apoyó la idea de que la consulta de revocación de mandato tuviera lugar de manera concurrente a la elección, un suicidio político para la oposición.
Las elecciones locales de este año llevaron a los dirigentes del PRI utilizarlas como moneda de cambio para la reforma eléctrica, por ello demandaron que su aprobación tuviera lugar después de los comicios, bajo la expectativa de ganar Hidalgo y Durango. El presidente no accedió y no sólo eso, no modificó en sentido relevante la iniciativa de origen. El sábado el Consejo Nacional del tricolor mandató a los legisladores rechazar la contrarreforma eléctrica.
El presidente vislumbra que no será aprobada la reforma constitucional. Además de insultar a quienes votarían en contra, anticipa que habrá una ley que atienda sus objetivos respecto al litio al declararlo propiedad del Estado, expresión inocua, toda vez que los recursos naturales del subsuelo son de la Nación. Seguramente por Estado el presidente entiende el gobierno federal y de lo que se trataría es anunciar que sólo el gobierno explorará el mineral, reforma, por cierto, de poca relevancia en relación con el mercado eléctrico y el carácter monopólico que el presidente pretende darle a la CFE, con todo lo que implica en materia de libre concurrencia y daño ambiental.
El presidente humilla al Congreso y a su mayoría. Da por hecho, como ha ocurrido en otros proyectos, que los legisladores son oficialía de partes, que aprobarán ciegamente lo que envía el gobierno. De nada sirve el sentido deliberativo de las Cámaras y que tal como él dice, los diputados y senadores no son representantes de un partido, sino de la ciudadanía. Lo cierto es que el presidente recurre a la ley, tal como sucedió con el engendro ese que fue el decreto interpretativo, como medio para imponer su voluntad con la sumisión de los legisladores afines, exactamente igual que en el pasado o más bien peor, por el abuso de poder y la inconstitucionalidad implícitos.
El domingo de resurrección no se dará la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. No será así porque los números no dan. Porque finalmente el bloque opositor reencontró la unidad derivada del voto ciudadano de 2021. Si esto ocurre para el tema eléctrico, lo miso habrá de acontecer para su contrarreforma electoral y el rechazo al disparate de elegir con voto popular autoridades y magistrados electorales, así como eliminar la representación proporcional en la integración de Cámaras. La humillación al Congreso tiene límites, justamente donde se pierde la sumisión.
