El debate para la caracterización del estilo de gobernar del presidente López Obrador se ha convertido en un espacio cerrado para el análisis. La condena al presunto autoritarismo se amarra a la defensa de la presunta democracia.

Los académicos afectados por las restricciones y recortes presupuestales han estado ignorando las nuevas interpretaciones de la política: el dilema autoritarismo-democracia tiene tiempo de presentar en una tercera vía: el conflicto no como ejercicio excluyente del poder, sino como nuevo espacio para las propuestas democratizadoras.

El viejo dilema autoritarismo-democracia supone en cada una de ellas situaciones claras de expresiones de ejercicio del poder; pero resulta que el autoritarismo se ha ejercido en situaciones de respeto legal las reglas democráticas existentes en países y la democracia se lleva al extremo de una propuesta ideal que al final entroniza a una élite que tampoco cumple con las reglas de la democracia.

La teoría política del conflicto, conocida desde los griegos que fundaron la democracia, como agonismo político supone que la confrontación permite el cotejo de ideas y formas de ejercer el poder. La izquierda populista ha abrevado en este modelo a partir de la esencia del marxismo: “el motor de la historia es la lucha de clases”, es decir, el conflicto.

El agonismo se ha articulado a la propuesta de democracia participativa, rompiendo con el esquema arcaico y limitado de la democracia representativa que ha creado espacios de representación que excluyen a la sociedad o a los ciudadanos. La vertiente de los observatorios ciudadanos o las organizaciones no gubernamentales han tratado de romper la estructura cerrada de la representación elitista, pero al final han caído en grupos de poder que excluyen a la sociedad, aunque digan hablar en su nombre.

La línea de la polarización que ha escogido el presidente López Obrador se contextualiza en el espacio del agonismo: llevar la lucha política a zonas de conflicto que permiten el decantamiento de los verdaderos intereses. Las críticas a los grupos de poder que pulularon alrededor del gobierno en el periodo de declinación de la dominación priísta 1988-2018 revelan la estructura de los intereses en ese supuesto modelo de ciudadanización. El Instituto Nacional Electoral (INE) sería una prueba: en lugar de profesionalizar la estructura electoral, el presidente Salinas de Gortari inventó una estructura de intermediación --el consejo electoral y los consejeros electorales-- que se han convertido en un poder autónomo de la sociedad y fue avalada por los partidos que debieran ser regulados. Así, la democracia representativa derivó en una democracia de castas o de superélites.

La teórica actual del agonismo es Chantal Mouffe, una politóloga belga que trabajó el estudio del populismo con su fallecido esposo argentino Ernesto Laclau. La tesis central parte del filósofo alemán Carl Schmitt: “la política es la relación amigo-enemigo”. El conflicto como eje de las relaciones políticas dinamiza las relaciones sociales de sectores en pugna e impide la instauración de una democracia negociada que casi siempre beneficia al grupo más poderoso o la clase propietaria.

En este contexto, el estilo político lopezobradorista de potenciar la polarización no parece ser una expresión del poder absolutista autoritario en tanto que se mueve dentro de los márgenes del ejercicio del poder institucional sobretensado sin romperse. Pero sin una estructura de poder real sino sólo una base electoral holgada, la propuesta de reforma del presidente López Obrador ha logrado avanzar por el camino de la polarización ideológica y política; del lado contrario, la coalición PRI-PAN y los sectores intelectuales funcionales al modelo de la estructura representativa defiende su proyecto en nombre de la democracia. El campo de la confrontación de ideas, proyectos y decisiones se mueve en el escenario del antagonismo-agonismo, el primero fuera de las instituciones legales y el segundo dentro de las reglas del juego institucional.

Por tanto, el agonismo es la lucha de clases dentro de las instituciones para conseguir cambios o ratificaciones institucionales.