Inmovilizar al Ejército ante el 2024, como trasfondo de la crisis
En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo una de sus decisiones estratégicas más importantes: la reorganización del Partido Nacional Revolucionario de Plutarco Elías Calles para transformarlo en el Partido de la Revolución Mexicana y el punto clave de la reorganización de bloques de poder fue la configuración de las Fuerzas Armadas como cuarto sector corporativo del PRM para garantizar la sobrevivencia transexenal del proyecto cardenista.
La primera decisión de su sucesor Manuel Ávila Camacho fue un acuerdo presidencial del 11 de diciembre de 1940: “comuníquese al Consejo Nacional del partido de la Revolución Mexicana que no se autoriza a los militares en servicio activo para que continúen figurando como miembro de dicho partido”. El salto cualitativo de los militares como políticos-gobernantes que construyeron el sistema/régimen/Estado dio su paso definitivo en 1952 con el ascenso al poder de los abogados-políticos en la figura de Miguel Alemán.
El presidente López Obrador convirtió en decisión política la asignación de tareas administrativas a los militares cumplimentando una de las funciones que la Ley Orgánica del Ejército tiene asignada: el apoyo a obras civiles, desde seguridad pública hasta tareas no castrenses. Mientras Morena se queda como un partido-movimiento con la única tarea de funcionar como agencia de colocaciones, la estructura que garantiza el funcionamiento del proyecto económico y político del presidente López Obrador fue trasladada a los militares bajo el criterio de su disciplina vertical hacia el mando civil y su capacidad como fuerza productiva, además de garantizar una ausencia a veces absoluta de intereses o intenciones políticas; es decir, que los militares de hoy no son los militares que hasta 1940 constituían bloques políticos de poder.
El debate en el Congreso sobre la urgencia de garantizar de manera legal otros cuatro años --y luego quizá otros seis-- de participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por crisis de la seguridad interior no parece muy preocupante por el otorgamiento de poderes adicionales a los militares en actividades internas, sino más bien busca acotar la participación castrense de manera exclusiva y supervisada por civiles en labores de seguridad:
La preocupación legislativa no supone excesos en el abuso del poder de los militares en seguridad, sino quiere incluir el nivel constitucional candados a los espacios sociales económicos y políticos que seguirán estando en manos civiles y la actividad se concretará al área de lucha contra la delincuencia. Los presuntos excesos de fuerza de los militares en labores de seguridad han sido todos reconocidos y procesados en tribunales civiles, además de que se han tratado solo de casos muy localizados que no han reducido la responsabilidad y confianza en las Fuerzas Armadas para temas de seguridad.
En algunos altos sectores de los mandos militares se miran con extrañeza las dudas acerca de su lealtad institucional a la estructura piramidal del sistema político y del Estado constitucional, en tanto que los militares tienen más de 80 años fuera de cualquier actividad política en la burocracia del poder y no podrían en el corto plazo construir mandos siquiera para hacer funcionar sus actividades en el ámbito político y administrativo para sus funciones gobierno, a pesar de que sus nuevas y múltiples actividades los han obligado a una convivencia con los sectores civiles y políticos que se mueven en los terrenos fuera de la ética militar.
En este escenario se localiza el contrapunto que se ha resaltado en los últimos tiempos: una confianza mucho mayor de la sociedad en las estructuras de las Fuerzas Armadas, por encima del reconocimiento social a las instituciones civiles; es decir, en la sociedad no existen telarañas mentales para reconocer el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad y la confianza en que no perciben ninguna intención de desplazar a los civiles en los mandos administrativos del Gobierno.
El hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional responde a la lógica del debilitamiento político y administrativo del sector gubernamental de mayor confianza del proyecto presidencial, al tiempo que los sectores políticos y sociales están intensificando las presiones para culpar de manera directa a los militares en los incidentes de la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando policías municipales por órdenes del presidente municipal perredista detuvieron a los estudiantes y los entregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos para su asesinato.
Al acotar, encapsular y desmovilizar al sector militar, se percibe una intención de debilitar el proyecto presidencial transexenal en la sucesión 2024 a través de la reducción de la actividad castrense en las obras clave del Gobierno.
