Una columna del periodista José Martínez Mendoza en su sitio Facebook y reproducida aquí en Indicador Político y un texto especial publicado esta semana en la revista Proceso abrieron a nivel local la caja de Pandora del proyecto neoliberal delamadridista-salinista-peñista. La argumentación para la reforma eléctrica que recupere para el Estado la preponderancia eléctrica es válida para revisar la privatización de bancos y de Telmex y la posibilidad vigente de terminar con la concesión telefónica a Carlos Slim Helú.
La respuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones al texto de Proceso y un boletín de prensa de diciembre de 2016 otorgaron la razón al periodista, aunque el IFT eludió referirse al punto central de la revelación de Martínez Mendoza: la capacidad legal del presidente López Obrador para vetar la renovación de la concesión por treinta años más a partir de 2026 decidida por el IFT.
La clave de la denuncia del periodista radicó en dos puntos concretos: la reforma constitucional del 2014 dentro del contexto del Pacto por México PRI-PAN-PRD para trasladar la facultad de otorgar y prorrogar concesiones al IFT que antes era exclusiva del presidente de la República; y la solicitud de Telmex-Slim del 7 de marzo de 2016 para adelantar la prórroga de la concesión que tenía como plazo marzo del 2023. Para nadie fue un secreto que hacia 2016 ya se preveía la victoria del candidato opositor López Obrador por el desmoronamiento del PRI y del gobierno de Peña Nieto y en ese contexto, señala la columna del periodista, Slim tuvo el apoyo del presidente Peña Nieto y del IFT para evitar que su concesión cayera en los tiempos de la siguiente administración.
El contexto de la columna de Martínez Mendoza se localizó en el clima político posneoliberal reactivado por la iniciativa de ley eléctrica que revierte la privatización del sector promovida por el Pacto por México y la alianza PRIAN y la determinación del presidente López Obrador de reconstruir la fuerza del Estado que el modelo neoliberal de De la Madrid-Salinas-Peña Nieto había implementado con la alianza del PRI y el PAN.
La privatización de Telmex, que fue denunciada por Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD en 1995 con la aportación de datos técnicos y económicos, quedó marcada como una decisión personal del presidente Salinas, en la lógica de la entrega al sector privado y a una nueva plutocracia salinista de las empresas propiedad de la nación, con la complicidad de las bancadas del PRI y del PAN. Esas privatizaciones le restaron autonomía económica al Estado y cedieron a empresarios privados escogidos la poderosa y riquísima empresa telefónica, los bancos privados, las empresas acereras, entre otras.
De la Madrid modificó la Constitución para reducir el poder económico del Estado y caracterizar de manera arbitraria las características prioritarias o estratégicas de las paraestatales, Salinas de Gortari privatizó Telmex y los bancos y Peña Nieto entregó al sector privado partes importantes de los sectores eléctrico y petrolero. El proyecto posneoliberal de López Obrador se ha definido en contra de ese modelo que estuvo vigente entre 1979 y 2018.
La empresa telefónica es una pieza clave de la infraestructura de comunicaciones que requiere la modernización de México y por lo tanto sigue definiéndose como una empresa estratégica para el proyecto del Estado. Telmex, a lo largo de su primer período de 36 años, solo contribuyó a construir la estructura empresarial más poderosa y rica de una familia mexicana, sin aportar, como era el enfoque del Estado, potencialidades al desarrollo mexicano.
En este contexto, la decisión tomada en el tiempo político salinista-peñista de 1990, 2004 y 2016 para prorrogar la explotación privada-empresarial-familiar de Telmex se acomoda en el impulso más importante del proyecto lopezobradorista de fortalecer al Estado para superar las deficiencias productivas y sociales provocadas del proyecto neoliberal 1979-2018 y convierte el referendo definitivo de marzo del 2023 en un acto de Estado del presidente López Obrador.
