Prensa: autonomía relativa con sociedad, no oposición
Como un sector relegado de la modernización política en los años de apertura democrática 1968-2018, la prensa de información y opinión ha navegado a la deriva ante la imposibilidad de sustitución de ingresos publicitarios de los sectores público y privado y la ausencia de una sociedad que contribuya a sostener el debate informativo sin dependencias ideológicas.
Los debates del presidente de la república con un sector de la prensa crítica han sido contextualizados en el escenario de la representatividad de los opinantes y no respecto al contenido de las denuncias. La prensa nunca ha alcanzado una capacidad de autonomía relativa de los intereses públicos y privados por lo que pudiera considerarse como la inexistencia de una sociedad política con capacidad para consolidar espacios de opinión al margen de apoyos económicos.
El único medio que tuvo un modelo autónomo de su subsistencia fue la revista Proceso en sus primeros 20 años por la capacidad de generación de ingresos propios y la venta de ejemplares en las calles. Los periódicos estadounidenses acosados por el presidente Donald Trump optaron por la venta masiva de acceso digital a sus contenidos y con ello superaron el estrangulamiento a los que lo sometió el poder.
La estructura empresarial de la prensa mexicana requiere de venta masiva de servicios, además de la posibilidad de que pequeñas empresas tengan acceso a la utilización de publicidad privada de bajo costo, incluyendo la exploración mixta de suscripciones a bajo precio acompañadas de accesos por suscripción a espacios informativos complementarios. En este sentido, el objetivo debiera ser la terminación de la dependencia de los ingresos publicitarios públicos y privados casi siempre condicionados.
El caso de Carlos Loret de Mola y su denuncia de la casa de Houston finalmente se aclaró como motivada por objetivos políticos del grupo activista Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad y sus metas de contribuir a la derrota electoral del partido en el gobierno. En este contexto, la motivación ideal del periodismo debe ser la del servicio social a los lectores y no la representación de intereses político-partidistas opositores, a menos que desde el principio se acredite esa relación de interés.
Ante la imposibilidad de una verdadera transición a la democracia que implique la utilización de los recursos públicos a los medios impresos en función de objetivos comerciales y la manipulación autoritaria del principio definido por el presidente José López Portillo en 1982 de que “yo no pago para que me peguen”, la modernización democrática del poder público en materia de publicidad gubernamental debe partir del criterio de que el presupuesto público no es propiedad del titular del poder ejecutivo, sino que se deben encontrar fórmulas y mecanismos para que la bolsa de publicidad pueda llegar a todos los medios impresos sin criterios de sometimiento de opiniones.
Pero al mismo tiempo, la sociedad mexicana debe tener claro de que no habrá prensa democrática si no hay apoyo social a través de compra de productos o de servicios informativos adicionales. Ello obligaría, a su vez, a que los medios dejarán de ser instrumentos propiedad de empresarios o grupos empresariales y se constituya un espacio de opinión pública democrática.
La administración del presidente López Obrador prefirió cerrar la llave de la publicidad y confrontar a la crítica parcializada por intereses no periodísticos ni sociales, en lugar de utilizar los instrumentos del Estado para contribuir a la construcción de medios propiedad de los periodistas. De los principales diarios que se publican en Ciudad de México, solo uno es propiedad de los periodistas, aunque ya con vicios de acaparamiento empresarial de acciones. Los dineros públicos pueden contribuir al funcionamiento de pequeños medios de comunicación orientados a núcleos específicos de la sociedad con aportaciones publicitarias sin restricciones políticas por parte del sector público.
La crisis en las relaciones prensa-gobierno por las confrontaciones en Palacio Nacional podrían llevar aprovechar esa oportunidad para una reglamentación legal en la bolsa publicitaria del gobierno de tal manera que se privilegie a los medios con objetivos periodísticos y no de tasas de utilidad empresarial. En la actualidad, la línea editorial del The New York Times no la define el lector, siendo los propietarios de las acciones de esa empresa en la Bolsa de Valores.
