Periodistas, víctimas de la complicidad Estado/cárteles
1.- El sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional hasta 1968 había construido su legitimidad en una estructura paralela al corporativismo obrero, campesino y popular: la definición de sectores invisibles del Estado priísta que funcionaban para fortalecer al Estado, pero a condición de aceptar formas diversas de sumisión y control.
2.- Periodistas, defensores de derechos humanos, intelectuales críticos, líderes de movimientos sociales activistas, disidentes violentos y dirigentes sociales antisistémicos configuraron, sin coordinarse, un bloque de activismo político que fue minando las bases de legitimación del PRI, del Estado y del Gobierno totalizador.
3.- El régimen priísta utilizó la represión selectiva para disminuir los espacios de crítica y deslegitimación política. De 1976 a 1982 se aplicó la llamada guerra sucia represiva sobre todo contra las organizaciones guerrilleras armadas que confrontaban al Estado por la vía violenta.
4.- El relevo en la élite política al pasar de los viejos cuadros del régimen autoritario a los economistas tecnócratas buscó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la creación de un espacio de estabilización del conflicto, pero los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo no democratizaron el régimen, pero tampoco evitaron la creación de grupos delictivos del poder político y criminal para responder de manera aislada a los disidentes y críticos.
5.- Los tecnócratas rompieron con los compromisos y pactos secretos con el crimen organizado y la estructura policiaca clandestina de la represión, pero tampoco los destruyeron y con ello contribuyeron a fortalecerlos. En el sexenio de Salinas de Gortari se contabilizaron más de 500 periodistas y disidentes asesinados por estructuras del poder como parte de la represión del Estado.
6.- Los gobiernos tecnócratas marcaron una distancia de las estructuras criminales, otra vez sin construir mecanismos de control de las bandas delictivas con capacidad de fuerza para deshacerse de sus adversarios y críticos.
7.- La victimología de los disidentes del sistema/régimen/Estado recoge uno de los puntos más importantes que explicaría las razones de los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos: la represión indirecta a los disidentes radicales y el desamparo institucional contra los críticos del régimen.
8.- El Estado se ha olvidado --basado en la doctrina Salinas del Estado autónomo-- de la protección de todos los ciudadanos y se ha reducido a la mera función de Gobierno al servicio del grupo gobernante en turno. Por esta razón, los mecanismos institucionales para proteger a disidentes no funcionan en tanto que representaría el fortalecimiento de la crítica contra el Estado: el abandono social como represión tangencial.
9.- Los periodistas asesinados en los últimos años han sido víctimas de la ausencia de una política de Estado para proteger la crítica y la disidencia; los caciques, funcionarios locales y capos del crimen organizado están bastante lejos de la persecución estatal por amenazar, corromper, agredir y asesinar a periodistas y defensores de derechos humanos, debido a la existencia de una complicidad perversa entre el Estado y los poderes criminales en contra de la prensa crítica.
10.- El problema de la prensa crítica radica la inexistencia de estructuras sociales que financien la autonomía productiva de la comunicación política y por lo tanto la consolidación de la inevitable dependencia de los medios respecto de la publicidad estatal como la más importante fuente de ingreso. Esta realidad revela la soledad de la crítica y la denuncia periodística sobre la corrupción pública o privada y sobre los abusos del crimen organizado que ha capturado Instituciones del Estado y espacios territoriales de la república.
11.- La violencia contra periodistas y todo tipo de disidentes y críticos del Gobierno y del Estado forma parte de la ausencia de instituciones democráticas más allá de la demagogia de respeto al voto. En los hechos prácticos, todo periodista, crítico o disidente dañado por agresiones delictivas representa un espacio menos en el escenario del debate democrático.
12.- Mientras las instituciones del Estado no asuman la victimología de periodistas y disidentes, los críticos seguirán siendo asesinados ante la pasmosa pasividad del Estado y del incumplimiento de su función reguladora del equilibrio de poderes institucionales/poderes fácticos.
