La reforma a la estructura electoral ha estado cantada desde las elecciones fraudulentas del 2006 que precipitaron, como primer paso, el despido de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente de los intereses de Elba Esther Gordillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El ascenso de Lorenzo Córdova Vianello fue un pacto con el presidente Peña Nieto, pero imposible de operar por la contundencia de la victoria de López Obrador en el 2018.
La estructura electoral fue inventada por el presidente Carlos Salinas de Gortari para cambiar el modelo de organización de elecciones, pero con la decisión de que nada cambiara. La clave del IFE-INE se localiza en la designación como consejero electoral en 1994 de José Woldenberg, una pieza política de la izquierda intelectual y universitaria articulada al grupo Nexos cuando Héctor Aguilar Camín era uno de los principales arquitectos políticos del proyecto neoliberal salinista.
Córdova y Ciro Murayama fueron parte del equipo asesor en aquel entonces del cacicazgo burocrático electoral de Woldenberg. La organización del IFE-INE se hizo de tal manera de convertir al Consejo Electoral en una aduana político-ideológico que combatiera y frenara a todas las corrientes calificadas de populistas. En este sentido, el Instituto se convirtió, en el lenguaje de la vieja izquierda estalinista y maoísta que gustaba poner en acción al presidente Salinas, en un comisario ideológico que no solo organizaba como función primaria las elecciones, sino que se convirtiera en un aparato ideológico para apropiarse de la caracterización de lo que debiera ser la democracia mexicana pospriísta neoliberal.
La trampa en la organización electoral salinista ha radicado en un Instituto como funciones ideológicas de democracia neoliberal y para ello construyó un Consejo General formado por presuntos ciudadanos sin partido --aunque luego aparecieran como candidatos de la oposición perredista y panista-- y con la presencia de una triple sobrerrepresentación de los partidos que debieran ser regulados. Los partidos eligen consejeros en la Cámara por cuota, tienen una representación como partidos en el Consejo General y poseen asientos como partidos en el Congreso.
A partir de un enfoque estalinista de caracterización de la democracia en función del modelo ideológico de Córdova Vianello --formado en el espacio de jurídicas de la UNAM, cuya función es convertirse en el guardián del constitucionalismo priísta--, el INE se ha dedicado estos tres años a caracterizar a Morena y a lopezobradorismo como populista, pero sin reconocer que se han cumplido y respetando los procedimientos de la democracia neoliberal salinista del Instituto.
Inclusive, funcionarios del INE han utilizado recursos de la institución para contratar asesores que los ayuden a escribir libros contra el populismo y para realizar reuniones públicas de promoción parcial en contra de una práctica política que llega al poder cumpliendo todos los requisitos institucionales. Hasta ahora, las reformas lopezobradoristas han cumplido con todas las reglas institucionales ilegales, aprovechando, como en los tiempos del PRI, su mayoría legislativa.
El INE fue creado como IFE por el presidente Salinas como un placebo de la Comisión Federal Electoral en modo Manuel Bartlett Díaz, pero utilizando consejeros pactados con el PRI, el PAN y el PRD.
En este contexto, el anuncio del presidente López Obrador de una reforma parcial al INE provocó una alarma sísmica en la élite intelectual, burocrática y social que ha convertido al Instituto en la única garantía de la democracia, cuando en los hechos su función solo es la de organizar elecciones y contar votos. La democracia no es una forma de gobierno sino la existencia de reglas de equilibrio en la participación y la información de los ciudadanos. El INE de Córdoba, Murayama y Woldenberg quiere funcionar como una especie de vicepresidencia en modo Hugo Chávez.
Por ello, una verdadera reforma electoral debería comenzar con la desaparición del Consejo General, la existencia de direcciones generales en el Instituto y la definición de tareas concretas solo para organizar elecciones. La democracia debe ser defendida por la sociedad en los organismos de representación que realmente tienen la función de vigilar el funcionamiento de las instituciones. El autoritarismo de Córdoba y Murayama y el apoyo mediático de Woldenberg son, de manera paradójica, definiciones nada democráticas.
