Buendía, crimen de Estado; fue el Estado con Miguel De la Madrid

Segundos después del asesinato del columnista Manuel Buendía al salir de su oficina la tarde del 30 de mayo de 1984, un testigo de alta calidad que iba en la zona por casualidad en su auto reconoció al asesino que iba corriendo entre los coches después de haber perpetrado el asesinato. Por su experiencia en tema de seguridad, ese testigo avisó de inmediato a la Dirección Federal de Seguridad.

El personaje identificado fue Juan Manuel Salcido Uzueta alias El Cochiloco, un sicario expolicía y miembro de los cárteles, que le hacía trabajos sucios a la federal de seguridad, en 1984 bajo la dirección de José Antonio Zorrilla Pérez, exsecretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios, el jefe y líder de los servicios de inteligencia, pero para ese entonces Zorrilla había volteado bandera a favor del grupo político del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

A 38 años de mayo de 1984, el crimen de Buendía se persiguió en su fase criminal, pero se dejaron sueltos muchos hilos que después aparecieron en los incidentes políticos alrededor del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985, a manos del cártel mariguanero de Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero.

La investigación del caso Buendía por parte de las autoridades judiciales y políticas del Gobierno de Miguel de la Madrid utilizó todo el poder para aislar el asesinato del columnista en un tema estrictamente criminal en la acreditación del asesinato se le endosó a Zorrilla Pérez, sin que los fiscales ampliaron la investigación a dos de las instancias superiores que solo por funciones políticas y de Gobierno debieron de ser interrogados: Bartlett Díaz como jefe de Zorrilla Pérez y el procurador general Sergio García Ramírez, con la circunstancia agravante de que los capos de la droga tenían en el caso Camarena credenciales oficiales de la Federal de Seguridad que fueron decomisadas, entregadas a la PGR y desaparecidas de forma misteriosa.

El asesinato de Buendía ocurrió cuando investigaba el tema del narcotráfico en zonas rurales del sur de la República y el contrabando de armas que pasaron por México rumbo a la contra nicaragüense como parte de la operación Irangate de Reagan y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y su oficina de asuntos latinoamericanos comandada por el exanalista de la CIA Constantine Menges.

Unos días antes de su asesinato, Buendía publicó el 14 de mayo una columna titulada “Seguridad nacional” y en ella alertaba la publicación de un desplegado firmado por los obispos del sureste mexicano en el que se denunciaba la captura territorial de zonas rurales por los grupos de narcos. Buendía exigió la atención del procurador general de la República y del secretario de la Defensa Nacional y de paso puso en el tapete de las preocupaciones de la narcopolítica el papel del policía Arturo Durazo Moreno, señalado como el responsable de controlar el tráfico de drogas en el aeropuerto del Distrito Federal en su calidad de comandante de la Federal de seguridad.

La denuncia de los nueve obispos del sur fue la primera que revelaba la ofensiva del narcotráfico bajo la protección de las autoridades. En una columna publicada el 21 de agosto de 1990 en el Washington Post, los periodistas Jack Anderson y Dale van Atta revelaron que “Buendía se había acercado incómodamente a las operaciones de droga ilegales protegidas por la versión mexicana del FBI (la Federal de Feguridad) y utilizada por la CIA para enviar armas a la contraguerrilla de Nicaragua.

Anderson y Van Atta recuerdan que en el juicio del caso Camarena en Los Angeles circularon documentos de la DEA que demostraban que Buendía estaba investigando temas del narco en el Gobierno mexicano y la industria farmacéutica y agregan que entre los funcionarios sobre los que Buendía estaba haciendo preguntas estaban Manuel Bartlett Díaz, jefe de Zorrilla, como ministro del Interior.

La acusación formal contra Zorrilla que lo llevó a más de 25 años de cárcel se agotó en el nivel del jefe de la Federal de Seguridad, sin desahogar los hilos de poder que partían del hecho de que Zorrilla nunca se mandó por sí mismo y que formaba parte de una red de poder que buscaba la sucesión presidencial en 1988.

El caso Buendía, por lo tanto, sigue abierto como un crimen del Estado a través de la acusación formal del jefe de la oficina de la seguridad política del Estado.