Las calles de tierra de Naucalpan, Estado de México, se llenaron de huellas de cientos de migrantes que esperan su turno en la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar).

El puesto que vende empanaditas fritas se coloca justo frente a los tequeños, un pan relleno de queso blanco venezolano. Un poco más adelante está Lorenza Silvestre, una mujer de República Dominicana, quien se peina el pelo chino y rosa para prepararse a contar su historia.

Lorenza lleva nueve meses en México, donde ha sido víctima de extorsiones, robo, además de la corrupción de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, tras la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y la cancelación del programa CBP One, “ya no quiero llegar a Estados Unidos. ¿Para qué? Si los están deportando”.

Ella buscaba llegar a Texas, donde tiene un amigo venezolano que la estaba esperando. Su sueño era encontrar trabajo allá para mandarle dinero a sus dos hijos y a su mamá, quienes se quedaron en su país.

Fue un amigo suyo quien le dijo que ya no intentara llegar. “La cita ya se canceló, me dijo que no me conviene arriesgarme, que la cosa está peor allá. Él tiene miedo, casi no sale por miedo a que lo deporten”.

El edificio al que los migrantes se vieron obligados a acudir para pedir asilo parece una de las tantas fábricas que hay en la zona. Una lona en la entrada que dice “Vamos juntos sin fraude con la Comar” es la única pista para saber que ahí es la sede de la comisión. Eso y los tumultos de personas que esperan formadas a la sombra su turno para entrar.