La inseguridad pública es todavía el talón de Aquiles del gobierno de la Cuarta Transformación tanto por la nefasta herencia de los gobiernos de la Federación y de la mayoría de los estados y municipios cuando menos desde 1982 y hasta 2018, como por las optimistas promesas formuladas por el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, como por el cambio de rumbo que se emprendió a partir de la declaratoria de presidente electo de Andrés Manuel, el primero de los cuales fue la permanencia de las fuerzas armadas en el combate al fenómeno delictivo, aunque por primera ocasión con todas las condiciones que marca la ley de leyes, previa reforma constitucional aprobada por consenso.
Se complejiza más el panorama si a lo anterior agregamos que es el caro tema alrededor del que las oposiciones mediáticas, empresariales, religiosas y políticas montan su quehacer político y desinformativo al ocultar los avances o de plano negarlos, insuficientes pero avances al fin, para sobredimensionar la orgía de sangre y muerte que vomitan todo el día los medios por lo menos desde el último lustro del siglo pasado.
Es decir, en la legítima pero con harta frecuencia mitómana batalla de las oposiciones, la inseguridad pública ocupa el espacio más privilegiado, mientras otros temas van y vienen en la agenda del todavía estrecho Frente Amplio opositor. Sólo que omiten algo elemental, que en tiempos de Felipe Calderón, el de la “guerra contra el narco”, mientras Genaro García Luna protegía a Joaquín Guzmán Loera hasta el punto de éste controlar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pactaron a cambio de abultados cheques para los corporativos de la dictadura mediática, el silencio sobre las atrocidades que se cometían bajo la estrategia de “que se maten entre ellos” (Juan Camilo Mouriño) y los “daños colaterales” (manuales de guerra de USA).
Por todo ello es comprensible que la dictadura mediática ignore el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística que documenta que en 2022 la prevalencia e incidencia delictiva en México alcanzó el nivel más bajo en más de una década, aunque siguió siendo elevada, desde que se comenzó a levantar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2011.
Entre los datos sobresalientes destacan: en 2022 se cometieron 26.8 millones de delitos, 1.3 millones menos que en 2021, cuando fueron 28.1 millones. Con estos datos la tasa en 2022 fue de 28 701 delitos por cada 100 000 habitantes, mientras en 2021 fue de 30 786. De éstos, 92.4% (24.8 millones) no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Nivel inferior al 93.2% de 2021, pero se mantiene estable arriba de 90% desde 2012. Este subregistro se denomina cifra negra.
Contra la percepción generalizada, los delitos más frecuentes fueron: fraude, asalto en calle o transporte público y extorsión, que prácticamente suman seis de cada 10 delitos que se cometen en México. Pero en 2022 el fraude fue el ilícito de mayor incidencia. El robo en el transporte o en la calle como principal delito, cayó a la segunda posición.
La preocupación de los mexicanos no es la economía y dejó de ser la salud; la inflación es una inquietud, pero la más importante sigue siendo la inseguridad, con seis de cada 10 personas.
Jesús Ramírez Cuevas, por otra parte, dio a conocer cifras del INEGI que exhiben a los jueces y policías de tránsito como las autoridades que la ciudadanía considera las más corruptas del país. Gigantesco trabajo tiene la ministra presidenta Norma Lucía Piña si en verdad busca trascender en su paso por la Suprema Corte.
Acuse de recibo
Enhorabuena el presidente Andrés Manuel recomendó a sus partidarios no promover la demolición de la “casa del moche” o “chueca”, presunto fruto de la corrupción de Xóchitl Gálvez, la senadora que no ejerce pero cobra un espléndido sueldo… Un día antes, el 13, AMLO no invitó a la presidenta de la Suprema Corte, Lucía Piña, al acto solemne por el 176 aniversario de la gesta de los Niños Héroes. Esto es incoherencia institucional. Y, como dice el clásico, pero que necesidad, ¿o necedad?... Del enciclopedista Humberto Musacchio: “Eduardo: Creo que Raúl Paz Reséndiz, tu corresponsal, ignora que Martínez Corbalá murió hace seis años que se cumplen el mes próximo. HM”... Muchas gracias, aquí registré, no Raúl Paz Reséndiz, editor de El Activista Regional: “Gonzalo Martínez Corbalá (San Luis Potosí, SLP, 10 de marzo de 1928-Ciudad de México, 15 de octubre de 2017)”… Le comparto que un día como hoy, pero de 2013, falleció Carlos Sheinbaum Joselevitz, un empresario, padre y abuelo preocupado y ocupado por México y el bienestar de los más desprotegidos. Inteligente, conversador, alegre y trabajador, fue un hombre digno, honesto y generoso; también un querido amigo de Utopía y de la revista Forum, de su director, pues ambos militaron en el Partido Comunista Mexicano, donde Carlos actuó con el seudónimo de Carlos Díaz.
