RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
Los informes presidenciales son, en esencia, un recurso colocado en la Constitución para que el Ejecutivo federal resuma los acontecimientos de cada año de administración y con ello acercarse un poco más a la población que lo seguía por radio y televisión en un pasado no tan lejano y ante la inexistencia de esos medios de comunicación por los diarios y los carteles y pegotes que se realizaban en las plazas públicas.
Todavía hasta hace un par de administración, los medios electrónicos eran la vía más rápida, aunque ahora con la existencia del internet y las redes sociales, la comunicación suele ser más directa.
El presente gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador encontró una ruta más expedita que lo lleva a no tener que esperar doce meses para conocer de cerca los aconteceres de la administración federal, ya que con informes parciales va resolviendo el asunto.
Tal vez por eso, o por lo poco que se ha realizado en la azarosa administración pública es que ya no registre tanto interés el tema del informe presidencial, pues los principales temas que contendrá serán los tocantes a la pandemia y a la economía, sin dejar de lado la seguridad y la violencia.
El sexenio iniciado el primero de diciembre de 2018 fue uno de los más esperados, en razón de las ofertas de campaña y el experimentar con un personaje que desde siempre generó polémica, con un alto número de seguidores y de detractores que experimentaron con él hasta tres veces en las urnas.
Su triunfo en julio de 2018 causó júbilo, aunque hubo quienes advirtieron de lo que recibía era un país endeudado, con gran inseguridad y violencia, donde los políticos dejaron sus huellas dactilares en el uso y abuso del presupuesto para beneficio personal, de sus amigos y familiares.
Los analistas consideraron que las cosas no serían tan sencillas como presumía el ganador de la elección, quien decía que desterrar la corrupción produciría ahorros multimillonarios y con ellos se podrían invertir en obra pública y atender las demandas de una población altamente marginada.
De la violencia e inseguridad el tema sería fácil de resolver, llamando a la cordura a los delincuentes y ofreciendo amnistía, propuestas que han mostrado no ser la solución. Aseguró que mandaría a las fuerzas armadas a los cuarteles y finalmente tuvo que recurrir a ellas para enfrentar a las hordas de delincuentes que asuelan al país.
Las cosas no resultaron ser lo sencillas que parecían y la pandemia vino a complicar un ya de por sí contaminado país, entre los pros y contras de la actual administración.
El segundo informe se presenta en tiempos muy difíciles en que los enconos crecen y el panorama se presenta desalentador.
La pandemia continúa sin ceder espacios, lo que provoca dolor y muerte en la población, mientras la economía se encuentra amodorrada y se estanca en un limbo en que todo se vuelve sospechoso, tanto en lo político, economía, salud y seguridad, principales temas de la actualidad.
El Presidente como viene sucediendo desde la década pasada entregará los voluminosos documentos a la Cámara de Diputados, mediante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y él mismo se plantará en Palacio Nacional para dar a conocer el mensaje político y las expectativas para el siguiente año.
Lo inusual de este informe es lo poco o nada de las novedades que tendrá que informar, pues la mayor parte de los hechos ocurridos ya los conocemos con antelación y la pandemia ha golpeado todos los sectores de la población.
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Si algo vale la pena destacar en el Senado de la República fue el extraordinario trabajo realizado por la tabasqueña Mónica Fernández Balboa, como presidenta de la mesa directiva. Su labor le valió reconocimientos de sus pares de MORENA y de varios legisladores de otros partidos.
Asume ahora el chiapaneco Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien tendrá la tarea de cuidar el buen desarrollo de los debates y trabajos legislativos, en ocasión de la presentación y discusión de varias iniciativas que tendrán como sede el Senado de la República.
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