Los retos del Estado moderno para la prestación de servicios públicos y poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, exigen la creación de instituciones que tengan características técnicas y condiciones jurídicas que lo puedan hacer posible.

En la última década del siglo pasado, la ingeniería institucional del Estado mexicano dio inicio a la creación de Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) —a partir de la creación del nuevo estatus jurídico del Banco de México— con el fin de restarle al Poder Ejecutivo facultades y funciones que antes le correspondían, para ahora encomendársela a nuevas instituciones —con la característica de la autonomía— que les permitiera no estar sujetas a relaciones de subordinación de los poderes tradicionales.

Los OCA son en la actualidad nueve; establecidos y configurados de manera directa en la Constitución, provistos de autonomía funcional y financiera que les permite tomar decisiones y establecer políticas públicas con base en criterios técnicos especializados, con lo que se pretende tengan lejanía a los intereses políticos o de grupo.

El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), son entre otros algunos OCA.

El Inai es una de las conquistas históricas de los partidos de oposición de nuestro país. Constituye un medio para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública y poder estar informados de los actos que realiza el gobierno: es una herramienta que nos permite ser vigilantes de las decisiones y acciones públicas, para poder exigir una correcta rendición de cuentas.

Cualquier medio que limite el ejercicio arbitrario del poder público constituye un estorbo cuando no se comprende bien el ejercicio de la democracia. Por tal motivo y dada la importancia creciente de estas instituciones, la Facultad de Derecho de la UNAM constituyó en noviembre de 2021 el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, para tratar de acompañar y fortalecer desde la academia el trabajo de éstos.

El observatorio advirtió que, desde abril de 2022, se encontraba pendiente en el Senado de la República la designación de dos de los siete integrantes del órgano de dirección del Inai y que la institución estaba teniendo que trabajar con dificultades para sesionar, puesto que sólo contaba con la presencia de cinco comisionados.

Frente a la próxima salida de otro de sus comisionados —el 31 de marzo— y ante la moratoria en el nombramiento del Senado, el Consejo Consultivo del Inai promovió un juicio de amparo que derivó en que en febrero de este año, una juzgadora ordenara al Senado tramitar las designaciones respectivas.

Por lo anterior, la Cámara alta por fin designó a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso —ambos egresados de la UNAM—, quienes asumirán el encargo de comisionados del Inai, lo que representa la garantía de continuidad en el trabajo de esta importante institución garante de derechos humanos.

Es importante advertir que aún el IFT y la Cofece cuentan con sitiales vacantes en sus órganos de dirección, lo que pone en riesgo la operación y realización de sus funciones sustantivas.

Cualquier ataque o captura de los órganos de dirección de los OCA representa un retroceso en la conquista de mejores instrumentos que permitan el uso, disfrute y garantía de dignidad en el ejercicio de los derechos humanos.

Como Corolario, las palabras de Lord Acton: “La libertad es el delicado fruto de una civilización madura”.