Con esto, la FGR inició una carpeta de investigación sobre los señalamientos de la ASF de que la planta no sólo fue comprada a sobreprecio y que su rehabilitación ha salido más cara de lo que se calculó, sino que 85 de los bienes que le costaron a Pemex aproximadamente 199.2 millones de pesos y que se vendieron como chatarra representaron una pérdida de más de 182.4 millones de pesos.

A la fecha, la carpeta permanece en integración, aún no ha sido presentada ante un juez federal y tampoco se han solicitado las comparecencias de los 38 exfuncionarios y asistentes señalados como probables responsables.

En la denuncia, la ASF señaló que la compra de la planta fue realizada a través de Grupo PMI y no de Pemex Petroquímica, como correspondía según el decreto que estableció la estructura, funcionamiento y control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

Para ello, Lozoya Austin, exdirector de Pemex, argumentó en sesión del 17 de diciembre de 2013 del Consejo de Administración, que había premura del gobierno federal para efectuar la producción de fertilizantes y que ninguno de los integrantes del consejo hiciera manifestación alguna para “evitar la consumación de un hecho irregular”.

“Al llevar la adquisición a través de Grupo PMI, se evitó que este proceso fuera del conocimiento del Comité de Estrategia e Inversión de Pemex Petroquímica y su Consejo de Administración, única empresa autorizada en el decreto antes mencionado para llevar a cabo la producción de productos petroquímicos y quienes contaban con la experiencia y especialización para realizar una adquisición de estas características”, señaló la Auditoría Superior de la Federación.

“Los integrantes del Consejo de Administración de Pemex tomaron conocimiento de actos indebidos al margen del marco jurídico que lo regula y sin realizar los pronunciamientos que sobre este aspecto estaban dentro de sus facultades para atender que la operación de compra de activos de la planta de Agro Nitrogenados se realizara por conducto de Pemex-Petroquímica”, indicó.

Por ello, la Auditoría Superior de la Federación identificó en su denuncia a los principales responsables de entre los 38 funcionarios y consejeros de Pemex, PMI Holdings, PMI Norteamérica, PMI Infraestructura y Desarrollo y Pro Agroindustria, involucrados en la operación.

Además de Lozoya Austin, en la lista aparecen Edgar Torres Garrido, entonces asesor Ejecutivo del exdirector de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, exconsejero propietario y presidente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica y apoderado legal de Agro Nitrogenados; Pedro Joaquín Coldwell, quien era secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, en ese momento subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

También Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, en ese momento subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SE, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La ASF indicó que el daño por la adquisición de la planta es de 93.2 millones de dólares y que esta operación se realizó sin los estudios previos de integridad mecánica de equipos ni la revisión técnica de los bienes para clasificar los activos.

Esto provocó que una vez concretada la compraventa, se detectó que 60% de los activos de Agro Nitrogenados eran chatarra, de los cuales 85 bienes que tuvieron un costo de adquisición de 15.5 millones de dólares, unos 199.2 millones de pesos, tuvieron que venderse como tal en distintas fechas hasta julio de 2016. Como producto de la venta de esta chatarra, Pemex recibió 16.8 millones de pesos, lo que generó una pérdida de 182.4 millones de pesos.