Un juez de control del estado de Chihuahua ordenó la
aprehensión de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex gobernador de Chihuahua,
César Duarte.
Lo anterior fue notificado por el juez de Primera Instancia
en Materia Penal, adscrito al Distrito Judicial Morelos, quien entregó un
informe al juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de
México, Juan Mateo de Brieba Castro.
“Intégrese al expediente el informe justificado rendido por
el juez de Primera Instancia en Materia Penal, adscrito al Distrito Judicial
Morelos, en funciones de control y constancias que se acompañan. Respecto a las
videograbaciones que remitió de la audiencia privada en que se dictó el acto
reclamado (la orden de aprehensión)…” detalla la notificación judicial.
El juez federal admitió a trámite la demanda de garantías de
Bertha Olga concedió una suspensión definitiva a la esposa de César Duarte, la
cual solo la protege de delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
El juzgado convocó para el próximo 22 de septiembre para
celebrar la audiencia constitucional, donde determinará si concede o no el
amparo a la quejosa.
El 8 de julio de este año, César Duarte fue detenido en
Miami, Florida, por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US
Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición
emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos.
La juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua,
libró orden de aprehensión contra César Duarte por su probable responsabilidad
en los delitos de peculado y asociación delictuosa, el 8 de octubre de 2019.
El 18 diciembre de ese mismo año, la Fiscalía General de la
República solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para
tramitar la solicitud formal de extradición a Estados Unidos.
Contra el ex mandatario estatal existen al menos 20 órdenes
de aprehensión libradas por jueces del orden común, solicitadas por la Fiscalía
de Justicia del Estado de Chihuahua por su presunta responsabilidad en delitos
de peculado, derivado de desvíos de recursos públicos por mil 200 millones de
pesos, dinero se cree que fue a parar a las campañas electorales del PRI.
