A partir de la última década del siglo pasado, nuestro régimen constitucional comenzó a incorporar a los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) como instrumentos de control político a las extensas facultades administrativas del Poder Ejecutivo Federal; para encomendarles tareas técnicas muy importantes y especializadas, así como para garantizar estabilidad y certeza jurídica en las políticas públicas que les han sido encomendadas.

Es indudable que los llamados OCA han fortalecido el control democrático del Estado mexicano y lo han hecho evolucionar hacia nuevos escenarios. A lo largo de la presente administración pública, su destino y consolidación han tenido un rumbo incierto que ha dilatado a la academia en su estudio, análisis y prospectiva.

Para poder sistematizar el examen e investigación de estas importantes figuras constitucionales, la Facultad de Derecho de la UNAM convocó esta semana a la instalación del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, que será espacio académico para analizar tanto su funcionamiento y desempeño como el debate que se genera en torno a ellos y su naturaleza jurídica.

Se trata del lanzamiento de un esfuerzo académico que pretende sumar –junto a la Máxima Casa de Estudios– a las facultades y escuelas de Derecho de otras prestigiadas instituciones de educación superior, tales como el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, las universidades Panamericana, Iberoamericana, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma de Yucatán, así como la Escuela Libre de Derecho y la Universidad de Guadalajara.

El Observatorio recabará y sistematizará la información necesaria de esos organismos para monitorear su actividad; generará textos de corte académico, artículos, investigaciones, reportes de operación cotidiana y fungirá como órgano de consulta sobre estos entes públicos.

El Observatorio aspira a estudiar a los organismos de carácter nacional, así como los de naturaleza local, y por ello procurará la participación de académicas y académicos de todas las latitudes del país, para asegurar la inclusión amplia de visiones diversas en las deliberaciones, a fin de generar propuestas de mejora generalizada para estas nuevas figuras de la arquitectura constitucional. 

De forma coincidente con este propósito, también se celebró en nuestro auditorio Jus semper loquitur, el foro Diálogos Universitarios por la Transparencia, organizado en conjunto con el Inai y el InfoCDMX, que reunió en un magno evento a todos los comisionados de dicho organismo constitucional autónomo nacional, así como a algunos de sus pares del órgano garante de la Ciudad de México.

Se trató de un espacio de análisis y reflexión en torno a los retos que enfrentan la transparencia y la protección de datos personales en esta era digital, que sumó en un esfuerzo dialéctico las voces de la academia y los operadores de los órganos garantes.

Porque para ser congruentes, con el objetivo de combatir la corrupción de modo frontal, el Estado deberá –de manera indefectible– fortalecer el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Y para lograrlo, la mejor vía es trabajar de manera conjunta entre la Federación y las 32 entidades federativas, todas autónomas, todas libres, todas soberanas, pero unidas en pos de un objetivo común, que es lograr el bien todos los mexicanos.

Como Corolario, la frase del expresidente estadunidense Barack Obama: “Un principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia”.