El 18 de junio de 2008 se publicó una reforma constitucional que representó la gestación de un cambio profundo en nuestro país. Me refiero a la configuración del nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio.

Las disposiciones transitorias determinaron que se deberían comenzar a realizar los cambios y adecuaciones para dejar atrás el anterior sistema inquisitivo y que su entrada en vigor fuera ocho años después, es decir en 2016.

A pesar de su largo periodo de transición, dicho sistema no ha dado los resultados esperados. Entre varias causas, debido a que la capacitación y actualización que se realizó a nivel federal en el Poder Judicial no ha sido similar en la parte acusatoria, es decir en la Fiscalía.

La esperada transición de la Procuraduría General para transformarla en una Fiscalía —órgano constitucional autónomo— no ha recibido el apoyo presupuestal ni se le han aplicado políticas públicas tendientes a lograr un mejor desarrollo tecnológico en todos los aspectos de lo que hoy se conocen como ciencias forenses.

Para poder hacer estudios de derecho comparado, dentro del programa Justice in México —que coordina la Universidad de San Diego— hace unos días directores y administrativos de las facultades de Derecho de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara, visitamos diversas universidades y colegios de Nueva York y Boston, a efecto de analizar cómo se desarrolla la educación de las ciencias forenses en esas ciudades.

En la visita a John Jay College of Criminal Justice de Nueva York y a la Escuela de Medicina de Boston University se advirtieron los grandes avances tecnológicos en criminalística y su importancia fundamental en la procuración y administración de justicia, así como para los estudios en ciberseguridad y anticorrupción.

En la University of Massachusetts, en donde se ubica la sede del Centro de Estudios Mexicanos en Boston de la UNAM, se sostuvo una fructífera reunión en materia de gobernanza global y ambiente sostenible. Mientras que en Harvard University y en Boston College, se trabajó en la necesidad de mantener las líneas de investigación en materia de derecho de los migrantes.

La falta de impulso para el desarrollo científico en la investigación de los delitos que se comenten en el país, viene a ser corroborada por las estadísticas con que la academia se basa para sus estudios. El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, publicado el pasado martes por Impunidad Cero, indica que la probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca en México es de sólo 1 por ciento. La impunidad representa un cáncer que está atacando a nuestra convivencia social, porque es un incentivo que provoca la repetición de las actividades antisociales, la violencia e inseguridad ciudadana.

No debemos olvidar que el éxito de un proceso judicial estriba en gran parte en una correcta integración de la carpeta de investigación, la cual debe apoyar sus bases en el carácter científico de las pruebas que se aporten.

La claridad y contundencia científica que brinden los resultados de las pruebas periciales son elementos que podrán demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona acusada de la comisión de un delito, sin permitir juicios subjetivos o meras presunciones.

Hoy más que nunca las facultades de Derecho y las escuelas de Ciencias Forenses —como centros formadores de los operadores jurídicos del mañana— requieren de un decidido apoyo para apostar por la profesionalización científica de los peritos en esas materias.

Como Corolario las palabras de Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la impunidad es más letal que el de las pestes”.