El Poder Judicial Federal, como nunca antes, está teniendo una intervención fundamental
en la vida política del país en especial a lo que se refiere al cambio de poderes del 2024, lo
cual alterará los equilibrios que deben existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
¿En qué sentido el Poder Judicial puede modificar el rumbo político del país? ¿Qué
influencia tienen los ministros de la Suprema Corte en la definición de la agenda política
de la sucesión presidencial? ¿Hasta dónde los ministros afectarán la correlación de fuerzas
entre presidenciables?
Muchas preguntas hay alrededor de la abierta confrontación que tiene a los tres poderes
de la Unión envueltos en señalamientos, hostilidades y campañas sucias como no ocurría
desde la reforma estructura que promovió el gobierno de Ernesto Zedillo y que abrió
muchas resistenicas, pero que aún así lograron salir adelante.
El 31 de diciembre de 1994 el Poder Judicial Federal tuvo una gran reforma que le
permitió transformarse y se buscaba estar acorde con los nuevos tiempos que pedían
construir consensos en un país cada vez más plural. De este modo, quedó integrado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los
Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura
Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de la República y
es la responsable de resolver controversias entre la Federación y las entidades federativas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros que nombrados por
la Cámara de Senadores, a propuesta de una terna que envía el Presidente de la
República, lo cual, sin duda, ya debe cambiarse.
Contra lo que los convocantes a la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, la realidad es que el Poder Judicial de la federación y de todos los estados sí
urgen, necesitan y requieren nuevos ajustes, porque es una demanda ciudadana, quizá no
digerida ni expresada correctamente, pues si bien hay reconocimiento al prestigio de los
integrantes del Poder Judicia también hay un ambiente de inconformidad porque, como
en muchas cosas, la justicia también es cuestión de dinero.
Resultado de años de violencia por el crimen organizado también se magnifica el papel de
la justicia doblegada por el dinero, pues los gobiernos federal, de la CDMX, estatales y
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municipales han señalado los casos de jueces corrompidos por el narcotráfico. Todos ellos
exigen una respuesta del Consejo de la Judicatura, ya que éste funge como órgano de
control del Poder Judicial; pero el Consejo ha quedado a deber mucho con estos
impartidores de justicia que dejan libres so pretexto de fallas de las fiscalías en la
integración de los expedientes.
(Por supuesto, estas líneas no justifica en nada a los llamados “tontos con iniciativa” que
como el gobernador Cuitláhuac García llevan a cabo una ofensiva intolerante y poco
razonada contra la presidenta ministra de la SCJN. En nada le ayuda a la causa de reformar
al Poder Judicial y sí abona al repudio ciudadano)
No es para menor, a la luz de los resultados alcanzados desde la reforma zedillista de
1994, cuando se restructuró la Corte se tenían como objetivos fortalecer al Poder Judicial
para que no estuviera supeditado a otro Poder; desarrollar y reglamentar un modelo más
ágil y transparente para la resolución de controversias constitucionales como las que
vienen siendo tema de debate desde el Pacto por México hasta las contrarreformas de la
Cuartra Tranformación; profesionalizar y depurar al actual cuerpo de jurisprudencia:
jueces, abogados y magistrados; construir vasos comunicantes con todos los sectores de la
sociedad; y demostrar credibilidad al momento de tomar decisiones independientes de los
factores político-partidistas.
Lo que sí es un hecho es que, en lo que va de este sexenio, el protagonismo del Poder
Judicial de la Federación ha ido a la alza. Cada vez es más frecuente su participación en los
grandes conflictos entre Poderes, en los resultados de los procesos electorales y en
resoluciones sobre asuntos de trascendencia histórica. Y cuidado, porque la partidocracia
de la desconfianza llevó a judicializar todas las vertientes de precampañas y campañas
podría entrampar a más de un potencial presidenciable, toda vez que que podrían ser
descalificados aunque sean los más populares (y ya ocurrió en Guerrero y Michoacán
recientemente).
Esta situación particular en la vida política de México provoca lecturas encontradas: el
fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial frente a los poderes Legislativo y
Ejecutivo, o este “intervensionismo” es un síntoma de la decadencia de nuestro sistema
político y la insana convivencia republicana.
Sin embargo, sus decisiones dependen mucho del perfil de los ministros que componen a
la Suprema Corte: liberales o conservadores, afines al bloque del poder en turno porque el
método de selección de sus integrantes depende de la correlación de fuerzas de la
partidocracia en el Congreso de la Unión y de la voluntad del titular del Ejecutivo para
proponer o vetar a algún candidato. Un círculo vicioso que, sin duda debería ya romperse,
pero que tampoco es sano convocar a una elección abierta mientras no haya una
maduración en nuestra cultura política y mayor ciudadanía para saber elegir a quienes
impartirán justicia llana y no por intereses electorales.
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El Poder Judicial nos sigue quedando a deber mientras no se reforma por sí mismo. Y nos
referimos a los casos probados de nepotismo al interior de la Corte y el Consejo de la
Judicatura Federal donde familiares de jueces, magistrados y ministros tienen aseguruda
su chamba. Más grave es el rezago de asuntos de relevancia para el gobierno y los actores
sociales, políticos y económicos es de casi dos decenas de expedientes que tienen cuando
menos dos años y que ha permitido, por omisión, que sigan operando decretos en la
incertidumbre jurídica; ni se diga cómo vamos hacia abajo a las salas impartidoras de
justicia donde se tiene a más del 40 por ciento de presos sin sentencia, más de 227 mil
expedientes a diciembre de 2022. Ni diga de otros casos controversiales que deberían
esperar en materia penal o administrativa.
Ciertamente, a muchos les parece correcto que los fallos recientes de la Corte a los
decretazos del Ejecutivo Federal sean una muestra de una participación sana, natural y
hasta necesaria en estos tiempos, con el fin de que se demuestre que la República goza de
cabal salud, a pesar de toda la estridencia que se maneja en las benditas redes y en los
acarreos callejeros de los “tontos útiles” de los profesionales de la politquería.
La Corte sí se toca y se debe tocar, para fortalecerla, pero no para regresarla a formar
parte de un régimen que manejó la división de poderes casi de manera unipersonal,
vertical y simuladora.
Y disculpen los seguidores del presidente, pero para López Obrador, el Poder Judicial
debiera ser acotado, vigilado, sancionado y hasta desaparecido en ciertas funciones. El
que existan ciertos vicios, corruptelas y actuaciones disfuncionales en la estructura baja de
este Poder, es el pretexto ideal para ejercer presiones políticas y exigencias de
negociación sobre los magistrados de la Suprema Corte. Pero la verdad es que la sola
búsqueda de acotamientos a las funciones del Poder Judicial representa una alarma para
el sistema democrático mexicano y un retroceso al presidencialismo de poder
metaconstitucional.
Una situación de esta naturaleza, en lo inmediato, dejaría en entredicho el papel imparcial
que jugaría la SCJN en el proceso electoral de 2024. En el mediano plazo, para el próximo
gobierno, sea del signo que sea, este acotamiento y descalificación al Poder Judicial pone
al país en una gran desventaja, pues ni garantiza certidumbre jurídica ni estabilidad social.
Digamos que sí, la la Corte se toca pero para modernizarla y ciudadanizarla, no para ser un
ente simulador del republicanismo. Pero así como este poder debe cambiarse, es también
urgente que se hagan reformas al Poder Ejecutivo, tanto federal como los estatales, con el
fin de contener al metapoder que asumen los cargos y que convierten en abuso de poder
mientras su tabique sexenal les da esa posibilidad. Y por supuesto, también se requiere un
cambio radical al Poder Legislativo con el fin de que cada representante popular
realmente respete el mandato popular y a su camarilla, su partido o su interés personal,
pero sobre todo, que se ponga fin a la partidocracia, al negocio de los partidos políticos y
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la denigración de la política. En pocas palabras, una Nueva Constitución, cosa que deberá
ser tarea de quien tenga altura de miras para el 2024.
Y mi palabra es la ley… El rezago, vacío y omisión del Poder Judicial a resolver diversas
controversias constitucionales ha permitido que el Poder Ejecutivo mantenga una línea de
decretos constantes, sin contar con los juicios de amparo que han promovido particulares
contra decisiones de autoridades. La incertidumbre jurídica es resultado de la falta de
celeridad en la tutela jurídica que debe darnos a todos los ciudadanos el Poder Judicial.
“Exprópiese”, lecturas y puntos finos… Está bien que la utilidad pública sea motivo
de las expropiaciones, por ejemplo, para un amplio programa de vivienda popular, pues
hay miles de viviendas y terrenos urbanos y semi urbanos sin ocupar, mientras el costo de
una vivienda en compra o renta sigue subiendo. Ahora bueno, también sería
recomendable hacer una revisión a fondo de los títulos de concesión y permisos a grandes
corporativos nacionales y extranjeros y que se ponga a revisión el impacto social al que se
comprometieron, además del respeto a la soberanía nacional: televisión, radio,
telefononía, internet; autopistas; puertos; aeropuertos; entre otros… Bueno, en el caso de
Grupo México es más interesante, porque forma parte del proyecto Transístmico, el único
que ha apoyado el gobierno de EEUU y que lo considera un asunto prioritario.
Y el PRIANRD por gobierno de coalición… Viejas caras, de apellidos harto
conocidos y rechazados, una de las oposiciones partidistas de “Va por México” quieren
lanzar como oferta lo que Beltrones y Camacho Solís ya habían diseñado como oferta de
campaña en 2012. Si en esa época el señuelo de “gobierno de coalición” fue poco
atractivo, ahora menos cuando la posibilidad de que esta alianza fructifique para el 2024.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
