En todo hay política, incluso en corporaciones cerradas como la milicia o las iglesias. Hay política porque en cualquier espacio de poder se dan disputas, interpretación y visiones más o menos encontradas. En la judicatura también, pero se diferencia respecto a los espacios convencionales de la política, porque el Poder Judicial se distingue por sus reglas y el método, que imponen restricciones que no existen en otros espacios.

Por ejemplo, para que una ley tenga que ser anulada debe pasar por un proceso, una deliberación rigurosa a partir de una ponencia razonada con espacio a las interpretaciones diversas y hasta encontradas para que finalmente venga una votación calificada. Para el caso del Pleno ocho de once ministros deben votar en el mismo sentido para invalidar una ley. La política en el Poder Judicial también se da en el nombramiento y la promoción, siempre privilegiando el rigor de juicio, la independencia y la experiencia. Aunque se pretenda, es suicida que prevalezca lealtad sobre capacidad.

La Constitución hace de la Corte una institución muy poderosa. Tan es así que puede revertir actos de autoridad de cualquiera, incluso del presidente de la República; también puede revisar la constitucionalidad de las leyes expedidas por el Congreso, bien sea porque interfieran en las responsabilidades de otros poderes, órdenes de gobierno o ámbito de competencia de órganos autónomos o porque son contrarias al texto constitucional. El Tribunal Electoral acompaña a la Corte en la salvaguarda de la constitucionalidad en materia político electoral.

No debe sorprender el desencuentro de poderes. Desde que la Corte cobró independencia del Ejecutivo con la reforma promovida por el presidente Zedillo a finales de 1994, la molestia o reclamo de los presidentes, de una o de otra forma, se ha hecho presente, más ahora con los nuevos términos del estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Ahora se exacerba el conflicto por la promulgación de leyes inconstitucionales redactadas con el deliberado cálculo de que no se alcanzarán los ocho votos para declararlas como tales. Eso ocurrió con la de la industria eléctrica y se volvió incentivo; en el último periodo de sesiones el Congreso quedó prácticamente anulado por el presidente. Lo que ahora está de por medio es la ausencia de un debido proceso legislativo para aprobar leyes y sus reformas. La situación no guarda precedente y es inevitable el desencuentro, no a partir del ánimo de la Corte de confrontar, simplemente como resultado de hacer valer la constitucionalidad de todo acto de autoridad, incluyendo, desde luego, el proceso legislativo.

Ayer lunes la Corte resolvió sobre la primera parte del Plan B. La ponencia del ministro Pérez Dayán consideró innecesario ir al fondo de las reformas aprobadas por el Congreso. En su argumentación la violación al proceso legislativo estaba claramente acreditada y viciaba todo lo aprobado. Ocho de once ministros concurrieron con la ponencia, por lo que la primera parte de la reforma electoral quedó anulada. Significante y significativo el voto del ministro Zaldívar.

El abuso del Ejecutivo y su falta de rigor constitucional en la forma y el fondo, así como la complacencia de la mayoría del Legislativo ha producido múltiples reformas sobre las que será necesario la Corte se pronuncie sobre su inconstitucionalidad. El precedente que establece el Pleno anticipa que habrán de revertirse una diversidad de normas. Es previsible que se acentúe no sólo la inconformidad, sino la confrontación abierta del presidente sobre los integrantes de la Corte, actitud deplorable y ajena a las normas básicas de la civilidad política, especialmente porque la diferencia no está acompañada de razonamientos, sino de insultos a partir de la ignorancia y del interés político.

La política lleva mano en el sentido de que corresponderá a los comicios de 2024 los términos del mandato democrático para transformar a las instituciones y a los poderes de la República. Para el presidente López Obrador, contrariamente a la lógica de la reforma política, en el Congreso sólo deben estar las fuerzas principales con una sobre representación de las mayores; en el Poder Judicial federal, los cargos de más jerarquía y los integrantes del INE deberán ser electos por voto popular, además de abrir espacio a la militarización formal de la seguridad pública. El voto ciudadano tendrá la última palabra, una decisión democrática y propia de la política.