Karla Pulido

México vive una crisis de derechos humanos, producto de la forma en cómo se ha venido manejando el tema en los últimos años. Si bien la situación en el país no refleja los escenarios que suceden en otros países como Cuba, la franja de Gaza o Somalia, nuestra crisis es más institucional y abre la puerta a la posibilidad de escalar a dichos escenarios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como respuesta a las peticiones en el marco del Tratado de LIbre Comercio, pero también como mecanismo de apertura del régimen, institucionalizando mecanismos de contención y respuesta al abuso del poder, o la negligencia, desde las mismas instituciones.

Las recomendaciones de la CNDH son esos mismos mecanismos, con la fuerza suficiente para hacer que dependencias de los tres órdenes de gobierno modifiquen alguna acción o política que se considere violatoria de derechos humanos.

Se suma a este contexto la reforma constitucional de 2011, que incorporó la protección de los derechos humanos plasmados en la Constitución y tratados internacionales, como obligación del Estado mexicano.

Le cuento esto porque en el sexenio del presidente López Obrador la situación se volvió complicadisima. La llegada de Rosario Piedra Ibarra, impulsada por Andrés Manuel, transformó radicalmente la institución. Si bien existían quejas previas sobre la efectividad y la eficiencia de la Comisión, con Piedra Ibarra se dio el paso a una completa politización del cargo y su uso faccioso para respaldar las políticas obradoristas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos han hecho hincapié de que las condiciones actuales son propias de un abandono institucional, pues a pesar de la evidencia o de investigaciones en marcha, la propia Comisión por orden de su presidenta a ordenado el cierre de carpetas de investigación.

Son particularmente relevantes los casos donde se involucran militares, pues en medio de una guerra contra el narcotráfico, las violaciones son aún mayores. Sin embargo, pareciera que bajo el uso faccioso de la institución en favor de la política presidencial, la protección a militares se volvió norma.

Claudia Sheinbaum ha impulsado a Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como sucesora de Piedra Ibarra. Algunos postulantes han manifestado su oposición al proceso por no considerarlo imparcial. Sea la situación que sea, los derechos humanos en México atraviesan una crisis institucional que deberá ser atendida antes de que desaparezcan los mecanismos garantes tal y como los conocemos.