Por Saúl Arellano
Aún hace falta un análisis cualitativo que permita explicar rutas, ascensos y descensos de jefaturas criminales, pactos entre cárteles y grupos delincuenciales armados, y su vínculo con los diferentes tipos delictivos, en función de su incidencia y presencia territorial, como pueden ser, emblemáticamente los delitos de trata de personas, tráfico de menores, secuestro y extorsión.
Lo anterior es importante porque todos los signos indican que el crimen organizado se expande cada vez más en su capacidad de control y reclutamiento de delincuentes que terminan trabajando para los grupos más poderosos. De tal forma que, crímenes que con anterioridad eran cometidos por células o bandas de relativamente corto alcance territorial y poder, ahora son controlados, supervisados o gerenciados desde las estructuras más poderosas que, como ya se ha visto, tienen alcance trasnacional.
De esta forma, es de la mayor relevancia mantener la atención a las tendencias y variaciones de la violencia criminal, porque ya ocurrió en la pasada administración que, luego de tener una breve temporada a la baja en el número de homicidios intencionales (2013-2016), a partir de ese año hubo un incremento enorme que nos llevó al récord histórico en 2019.
En ese contexto, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública resultan indicativos del muy lento proceso de reducción del número de homicidios dolosos que se cometen en el país. En efecto, entre los meses de enero a julio de 2023, se tiene un registro de 17,589 homicidios intencionales cometidos en todo el territorio nacional. Esta cifra es menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se perpetraron 18,059 asesinatos. En términos relativos, la disminución es de 2.6% entre ambos periodos.
Esa reducción debe verse, sin embargo, con cautela, pues el número de personas reportadas como víctimas de desaparición forzada no se ha reducido de manera significativa. Por lo que no se tiene idea real respecto de cuántas personas han sido asesinadas realmente.
En ese contexto, no debe dejar de hacerse énfasis respecto de la inmensa cantidad de homicidios que se concentra en una suma minoritaria de entidades de la República. En efecto, de los 17,589 homicidios contabilizados en los primeros siete meses de este 2023, 11,724 se concentraron en diez entidades, es decir, el 66.6%, o lo que es lo mismo, poco menos de un tercio de los estados de la República, concentra dos tercios de la violencia homicida registrada en México.
El estado de Guanajuato sigue a la cabeza de todas las entidades, con un total de 1,930 homicidios dolosos, lo que lo enruta a tener nuevamente en este 2023 un año con más de tres mil homicidios dolosos. Situación que, en la más reciente emisión de alerta de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se recomendó a sus ciudadanas y ciudadanos reconsiderar viajes a esa entidad, y se prohibió a sus empleados viajar entre Irapuato y Celaya.
En segundo lugar, se ubica el Estado de México, en el cual se han registrado 1,573 víctimas de homicidio intencional; Baja California aparece en tercer sitio, con 1,375; le sigue Jalisco, con 1,230; Chihuahua, con 1,225; Michoacán, 1,076; Guerrero, con 958; Sonora, con 837; Morelos, con 782 y Nuevo León, con 738 víctimas de asesinato.
La otra forma de medir este fenómeno es mediante la tasa de víctimas de homicidio, la cual permite dimensionar, respecto de la población estatal, la magnitud de lo que ahí ocurre. En efecto, al cierre de julio de este año ya hay ocho entidades que rebasan la tasa de homicidio doloso promedio registrada para el país en el 2022. Estos estados son: Colima, donde es de 61.04 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes; en segundo sitio Zacatecas, con 37.65; le sigue Morelos, con 37.14; Baja California, con 36.21; Chihuahua, con 31.39; Guanajuato, con 30.25; Sonora, con 26.3; y Guerrero, con 25.96.
Con la tendencia registrada en lo que va del año, Colima podría rebasar una tasa de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes; y el resto de las entidades mencionadas, rebasar significativamente una tasa de 50 víctimas por cada 100 mil. Para dimensionar esos datos, basta con decir, con propósitos meramente comparativos, que de ser países cada uno de ellos, estarían en el top de los más violentos del mundo.
Otro indicador que permite sostener que la violencia no se está reduciendo significativamente, es el relativo al de las lesiones dolosas, pues entre enero y julio de 2023 se han registrado 109,869 víctimas, mientras que, en el mismo periodo del 2022, la cifra fue de 106,328, es decir, 3.3% más.
Frente a esta información no puede aceptarse el argumento respecto de que los magros avances que se tienen son debidos a la política de seguridad pública del gobierno de la República. Por el contrario, lo que ocurre es que la ciudadanía se encuentra a merced de los pactos, conflictos, avances y retrocesos de los grupos delincuenciales, en un escenario que, tristemente permite prever la permanencia de la crisis de la violencia que nos desangra como país desde hace 15 años.
