Con el apoyo de los partidos del Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez rastrea las claves de acceso con las que funcionarios federales obtuvieron y difundieron la información fiscal de la aspirante presidencial para proceder penalmente contra ellos, informó la secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, del PAN.

Explicó a El Financiero que “es de pena ajena la ignorancia del Presidente” y la forma como “ignora, vulnera y lesiona a sus propios colaboradores”, al exponerlos a “sanciones penales por delitos graves”.

Precisó que “el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación dice a la letra que ‘el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes, o por terceros con ello relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación’”.

Y en el artículo 97 se agrega que “si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión”.

“El Presidente no está guardando la reserva y tampoco quien le proporcionó la información de la senadora”, dijo Terrazas, por lo que, de acuerdo con el artículo 114-A del mismo código, “se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales”.

Aclara que “se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable, al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente”.