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La disputa por el poder

por Mario Luis Fuentes
21-03-2022

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Un Estado que no tiene la capacidad de procurar e impartir justicia, de manera imparcial, objetiva y expedita a su población, es uno que abre la puerta al autoritarismo, a la ruptura del Estado de derecho y, sobre todo, a la indefensión de la ciudadanía ante quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos para cada una de las personas que habitamos en el territorio nacional.

Frente a ello es que sorprende el nivel de conflicto que se percibe en el primer círculo del Presidente de la República, justamente en esta materia. Y preocupa, sobre todo, el acelerado deterioro de la credibilidad del titular de la Fiscalía General de la República y algunos de sus funcionarios más cercanos; pues en esa institución se sintetiza el mandato constitucional de la representación del pueblo para1 acceder a la procuración de justicia.

Pero esto no debe llevar a la confusión de asumir que se trata exclusivamente de una cuestión jurídica. Estamos, por el contrario, ante un inéditamente abierto conflicto político, que atenta sobre todo en contra del propio titular del Ejecutivo, pues el pleito es entre subalternos, respecto de los cuales, en distintos momentos, ha dicho explícitamente que confía en ellos porque les considera personas honestas, capaces y comprometidas.

Las acusaciones que se hacen en uno y otro bando son tremendas: traición, extorsión, tráfico de influencias, espionaje e intervención de comunicaciones, uso patrimonialista del poder y mal uso de los recursos públicos, entre otras cuestiones que, de ser una sola de ellas cierta, bastaría para profundizar aún más la crisis política que se observa en el círculo íntimo del Presidente.

Llama poderosamente la atención que el conflicto haya escalado hasta donde está ahora, primero a unas cuantas horas de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras cargadas de mayor simbolismo para el Ejecutivo federal, y a unas semanas de uno de sus eventos más importantes en todo su gobierno —el ejercicio de revocación de mandato—.

Esto, porque en el presidencialismo mexicano no se tiene registro, al menos no en fechas recientes, de una disputa tan férrea por el poder, con niveles de publicidad y exposición pública de tal magnitud que compiten y empañan la estrategia de comunicación presidencial. Además de mostrar lo disfuncional de este modelo de gobierno para la consolidación de la democracia y de un régimen auténtico de instituciones al servicio de la ciudadanía, y no del grupo en el poder.

En el presidencialismo del siglo XX se había “instituido” como una tradición de la ritualidad política mexicana, la ratificación de las y los funcionarios del presidente, de la lealtad al proyecto y de un férreo compromiso rumbo al cierre de la administración; pero en esta ocasión, justo al inicio de la segunda y más corta parte del sexenio, estamos ante un conflicto con múltiples aristas que incluyen el espionaje en contra del fiscal general.

Hay aún más problemas que deben hacerse notar, pues este conflicto involucra al titular del Poder Judicial de la Federación, que es justamente uno de los Poderes de la Unión; y que también daña la imagen y confianza de la ciudadanía en el cuerpo institucional de la impartición de la justicia, uno de los bienes más importantes para el bienestar y la seguridad de las personas en un régimen democrático; por ello es urgente que el Poder Judicial marque un tajante deslinde en este diferendo y que garantice, sin lugar a dudas, la división de poderes que establece nuestra Carta Magna.

Consolidar un Estado social de derecho implica contar con instituciones sólidas y funcionales para el ejercicio democrático del poder. Pero hoy estamos ante una posible fractura que podría dañar y limitar por más tiempo la consolidación de un régimen de libertades y capaz de garantizar para todas y todos acceso a condiciones de vida digna, con justicia y bienestar generalizados.