La Divisa del Poder
Adrián Trejo
Con muy buena intención pero sin los cálculos actuariales y recursos requeridos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la instalación, a partir del próximo año, de 12,750 consultorios similares a los de las farmacias, en los 24 estados gobernados por Morena que aceptaron ceder sus instituciones de salud al programa IMSS-Bienestar.
Estos consultorios, que por cierto no quedó claro en dónde se ubicarán, tienen por objetivo descongestionar las clínicas de primer nivel, es decir, de atención primaria, del IMSS e ISSSTE y de las propias clínicas del IMSS Bienestar.
Suena bien, el programa se enfrentará a la falta de recursos pues en el presupuesto para el próximo año que se discute en San Lázaro no figura una partida especial ni para la construcción o renta de los inmuebles ni para el pago del personal que se hará cargo.
Es decir, que la operación de este programa deberá hacerse con los de por sí muy magros recursos con los que cuentan IMSS e ISSSTE, que además deberán atender a cualquier ciudadano una vez que se eche a caminar el denominado Sistema Universal de Salud (SUS).
El SUS, de acuerdo a lo dicho por la presidenta, permitirá que cualquier ciudadano pueda ser atendido el cualquiera de los hospitales de las tres instituciones de salud, sin importar que estén o no afiliados.
La carga financiera para estos organismo se multiplicará pues con los mismos recursos tendrá que brindar atención a un padrón infinitamente mayor de pacientes.
El programa de consultorios, según Sheinbaum, contempla salarios de 19,200 pesos para médicos generales, 13,500 pesos para licenciados en enfermería y 11,000 pesos para técnicos en enfermería.
En dichos consultorios, habrá 60 medicamentos básicos gratuitos, los más comunes, para padecimientos que no requieren la consulta de un especialista o una atención de segundo nivel.
El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, establece además un detalle que no puede pasar desapercibido.
El registro nacional de salud, es decir, de los ciudadanos para que accedan al SUS, no lo harán las dependencias de salud sino la Secretaría del Bienestar a través de 14,000 servidores de la nación.
Evidentemente, esto representa un riesgo para que dicho programa sea utilizado con fines electorales, a pesar de las promesas gubernamentales de que no será así.
Pero hay suficiente evidencia de cómo los responsables de los programas sociales condicionan este derecho constitucional para votar por el partido en el poder.
El progama de los consultorios podría servir para despresurizar a las clínicas familiares o de primer nivel de atención médica de las instituciones de salud, pero sin el respaldo financiero que requiere y sin reglas claras de operación podría terminar por ser otra ocurrencia, como las farmacias móviles del bienestar montadas en triciclos como los que reparten garrafones de agua o pan, o como la farmaciotota de López Obrador que le costó al erario más de 2,000 millones de pesos.
Ya no estamos para eso.
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La mayoría morenista en la Cámara de Diputados cerró la pinza con la que se pretende censurar a quienes realicen parodias, sátiras, críticas y memes con los que el gobierno se pueda sentir afectado.
La semana pasada, el Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal para castigar con penas de uno a cinco años de prisión y multas hasta por 1.17 millones de pesos a quienes utilicen “indebidamente’’ la imagen institucional de los tres niveles de gobierno y organismos descentralizados.
Ayer, la mayoría morenista y sus rémoras aprobaron en San Lázaro, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor.
Dicha reforma establece sanciones hasta por 4.6 millones de pesos a proveedores de servicio de internet que omitan retirar contenidos como obras, imágenes, voz, videogramas o fonogramas modificados o alterados sin autorización del autor utilizando inteligencia artificial u otras herramientas.
Las plataformas estarán obligadas a retirar el “contenido infractor’’ de manera expedita o se volverán corresponsables de la falta que puede ser sancionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con multas de hasta 400 Unidades de Medida (UMAs).
Si esto no es censura o modificaciones legales que promuevan la autocensura, ¿qué demonios es?
Eso sí, ayer Morena celebró sus 15 años del México “más libre y democrático’’.
El chiste se cuenta solo.
