Luis Acevedo
Pesquera
No hay duda en
que es elogiable la iniciativa gubernamental de asegurar que debido a la
emergencia más de 30 millones de estudiantes, en su mayoría niños y
adolescentes, sigan sus cursos por televisión.
La pandemia ha
incorporado a la crisis sanitaria y económica el inminente riesgo de contagio entre
los niños con sus secuelas de cierre de las escuelas, rebrote de la enfermedad
en la mayoría de los hogares y una nueva suspensión de actividades productivas
cuyas consecuencias agravarían la catástrofe nacional.
En la educación
superior la UNAM salió al paso a la emergencia médica y a pesar de una serie de
movilizaciones que, semanas antes del confinamiento, cerraron las instalaciones
en varias de sus facultades en protesta por la violencia de género y la
inseguridad prevalecientes en el país, por lo que los mismos estudiantes
plantearon la alternativa de continuar las clases vía Internet sin desatender
la solidaridad con los grupos paristas.
La mayor parte
de las instituciones públicas y privadas siguieron el ejemplo para concluir con
el ciclo escolar. Algunas primarias y secundarias se sumaron a las “clases en
línea”.
El modelo
resultó positivo especialmente en las grandes ciudades, pero también mostró las
profundas desigualdades entre la sociedad mexicana y en las distintas regiones
del país.
Se confirmó lo
que el INEGI había advertido: más de 16 millones de hogares no están conectados
y 57 por ciento no tienen computadora, lo que expone la profundidad de la
brecha digital que impide a millones acceder o continuar sus estudios. Por
ello, muchos estudiantes especialmente en educación superior en todo el país
solicitaron permiso para regresar cuando las clases fueran presenciales, lo que
añadió presión futura a la ya magra competitividad nacional.
El problema abarcó
a todos los grados educativos, incluidas las guarderías y fue que surgieron
prácticas pedagógicas como soluciones de emergencia. Aprovechando el
confinamiento se pidió la participación de madres y padres de familia para
atender problemas de orden académico.
Con base en esa experiencia, las autoridades asumieron que en sus casi
dos años de gobierno no se avanzó en el compromiso de brindar “Internet para
todos”; aun con esa falla, la estadística mostró que el 96 por ciento de los
hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir de un aparato
digital, señal de paga o decodificador.
A partir de ese dato el gobierno federal encontró la paliar su
responsabilidad constitucional de brindar educación para toda la población y
sin excepciones. Para ello estableció un convenio con cuatro oligopolios de la
televisión privada del país (Televisa, Tv Azteca, Grupo Multimedios y Grupo
Imagen) que retransmitirán vía digital los contenidos escolares, que elaborará la
Secretaría de Educación Pública con apoyo técnico de la televisión pública.
El marco legal de la radiodifusión mexicana no requería de un convenio de
ese tipo con los concesionarios del espacio mexicano, que eventualmente
recibirán algún tipo de contraprestación seguramente económica y política por
parte del Estado mexicano por distribuir los cursos para los diferentes grados,
sin que se conozcan -por ahora- como se cumplirán los compromisos educativos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 o ¿eso se les
delegará a las televisoras?
Por cierto, el PND de la Cuarta Transformación se comprometió a resolver
las graves deficiencias de la educación primaria y secundaria en tres
dimensiones fundamentales: acceso, cobertura y calidad.
En el marco de la crisis de la COVID-19 y de la educación televisada, no
se ve cómo se podrá resolver el proceso de transición escuela-trabajo en la
educación media superior, en donde también sobresale la baja calidad de la
educación en general, la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo
y el ingreso al mercado laboral.
En aras de la continuidad indispensable para el desarrollo, tampoco se
observa cómo se construirán áreas de oportunidad en los materiales, métodos
educativos, planes y programas, o en la actual falta de reconocimiento de la
función magisterial en el ámbito televisivo y de un sistema integral de
formación, capacitación y actualización del personal docente para cuando se
llegue a una nueva etapa funcional.
Ya no digamos de los estímulos prometidos que reconozcan el desempeño
profesional de docentes, directivos y supervisores en su función.
Eso, sin
considerar que será difícil trasladar la escuela al espacio privado de los
hogares o si las madres y padres de familia podrán atender la necesaria generación
de ingresos con la asesoría educativa de sus hijos, entre otros problemas que
la educación por televisión no puede resolver como sucede en los capítulos de “La
rosa de Guadalupe”.
La educación es
cosa seria. Exige un plan estratégico metodológicamente adecuado, no solo al
problema de la actual coyuntura sino del futuro, con líneas de acción sin
improvisaciones, con instrumentos de seguimiento y con rendición de resultados.
@lusacevedop
