En Contexto
Luis Acevedo Pesquera
Tal parece de tras un largo e intenso recorrido
a la largo y ancho del territorio nacional como parte de la campaña electoral
más larga en la historia moderna del país, el presidente López Obrador no
alcanzó a ver o entender que por su propia ubicación geográfica el país es
vulnerable a todo tipo de desastres naturales como los ocurridos recientemente
en Tabasco y Chiapas, principalmente.
Asentada sobre diversas placas tectónicas, no
son pocos los movimientos sísmicos que agitan a la geografía y la tranquilidad
de los mexicanos, a veces con graves consecuencias materiales, pero también
físicas.
Si no es por el lado del Pacífico, desde el
norte, en el Golfo de México o por el Caribe, cada año se registra algún
fenómeno meteorológico que también desemboca en alguna catástrofe para la infraestructura
pública y privada, cobra vidas y amplía las brechas de desigualdad, casi
siempre entre familias vulnerables.
Hasta hace poco se habían consolidado
importantes avances en la atención de los efectos de los desastres naturales en
el país que, de manera coordinada entre gobierno federal, estados y municipios
permitían contener oportunamente, hasta donde era posible, los efectos de los
fenómenos, movilizar a la población para su protección y, en su caso,
restablecer las actividades sanitarias y de infraestructura afectadas.
Pero la centralización de las decisiones de
carácter público del actual régimen, como mecanismo de combate a la corrupción,
la austeridad republicana y el replanteamiento de prioridades bajo criterios clientelares
mostró su ineficacia, primero en la forma en la que se enfrentó la pandemia de
la COVID-19 y luego, con la maniobra para enfrentar sus consecuencias
económicas que derivó en un Presupuesto de Gasto Público que en 2021 elimina
los fondos especializados y, en la práctica, la débil coordinación frente a los
desastres naturales.
Las inundaciones y las afectaciones a la
infraestructura, pero sobre todo a las de por sí precarias condiciones sociales
en Tabasco y Chiapas, en donde las escenas muestran a numerosas familias que se
desplazan con el agua a la cintura y tratan de mantener a flote una parte
mínima de los recursos que pudieron rescatar, pero que en la realidad los hunde
en su miseria, mientras la prioridad federal son las pésimas inversiones para
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la refinería de Dos Bocas, cuando
esos recursos se pudieron destinar a obras de beneficio social para aquellas
zonas.
A pesar de la catástrofe, no se ve intención
para que las mayorías de Morena en el Congreso revisen las prioridades
presidenciales en materia de gasto público a fin de reforzar los sistemas de
protección a la ciudadanía y para la infraestructura pública ante la
recurrencia de los fenómenos naturales.
Del FONDEN, que fue un instrumento importante para
atender las consecuencias de los desastres, ni qué decir. Agoniza satanizado y
desprestigiado por el desprecio presidencial que, en lugar de transparentar su
funcionamiento e imponerle mecanismos financieros que impidan la corrupción, para
que hacia adelante sea de utilidad plena para la población ante la inminencia
de los fenómenos naturales.
La realidad es que en el gobierno no hay idea
de la planeación y tampoco se sabe qué hacer con los magros recursos federales
disponibles.
El gasto público no puede ser utilizado en el
asistencialismo electoral sino que se debería reencauzar para construir
bienestar a partir de políticas públicas de interés nacional.
@lusacevedop
