La creación del cuerpo de seguridad especial para la protección física y moral del gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, conlleva una confesión implícita: tiene miedo y el grado de su temor le puede llevar a justificar el espionaje político.

En el decreto administrativo por el que se establece la estructura orgánica de la denominada Unidad Administrativa de la Secretaría Particular del Gobernador, se reglamenta su funcionamiento. 

Fue publicado el pasado viernes, pero el mandatario lo suscribió apenas al décimo día de estar en Palacio de Gobierno; precisamente hoy hace dos semanas, el día 5.

Luego de enunciados nueve facultades atribuidas por el gobernador al Director General de Ayudantía y Protocolo del Gobernador, en la fracción décima del artículo 10 “Cuater” (no Quater) se lee: “X. Estas funciones son enunciativas, más no limitativas”. 

En ese tenor, no habrá limitación en aras de proteger y salvaguardar la integridad física y moral del “Ciudadano Gobernador”, su familia, “directos y consanguíneos en todo momento”, en cualquier sitio, sean públicos o privados, en o más allá del territorio potosino.

Entonces no resultaría descabellado que, con ese propósito, se utilicen herramientas o equipos de espionaje, a fin de espiar a políticos, empresarios, periodistas y activistas defensores de los derechos humanos. 

Hay antecedentes de la adquisición de ese tipo de equipos en la otrora Procuraduría General de Justicia y de contratos firmados entre Gobierno del Estado y empresas dedicadas a la venta del programa de cómputo denominado “Pegasus”. 

Varias veces, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionado acerca de si no teme ser blanco de un atentado. Su respuesta siempre ha sido la misma: “El que nada debe nada teme”.

El mandatario estatal tiene, al parecer, algo que temer, de modo que “el miedo no anda en burro”.