El 17 de octubre, hace dos años, se vivió uno de los episodios más bochornosos y comprometedores: cuando el joven Ovidio Guzmán fue detenido y liberado en una crisis en la que la impunidad ganó la batalla. Incidente que exhibe el penoso doble rasero de las autoridades en materia de justicia penal. Increíble que en el México de hoy día es más fácil imputar y perseguir a científicos o a opositores que al crimen organizado.
Y tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre que en la lucha contra la corrupción y la impunidad no debe haber excepciones. Es un principio básico, la igualdad ante la ley, precisamente lo que no está ocurriendo. En el país pervive el oprobio de la justicia inexistente en la abrumadora mayoría de los delitos, sean del fuero común o federal.
No hay coartadas para justicia alguna, menos para la penal. Difícil y compleja tarea la del fiscal. Ante la ineficacia se está optando por el peor de los caminos: la justicia selectiva. Casos emblemáticos que, en sí mismos, conllevan la desigualdad ante la ley y no sólo eso, hacer de la detención, de la privación de libertad a contrapelo de la norma -caso de Rosario Robles-, no sólo un medio para investigar, sino para sancionar sumariamente, aunque la prueba y el testimonio formal de culpabilidad lleve años.
Efectivamente, nuestro sistema de justicia penal y la lucha contra la corrupción y la impunidad se ve empañado por el recurso injusto e innoble de la detención para investigar. Quien padece la humillación de la detención prolongada, previa a la sentencia, ya perdió lo más preciado: la libertad, y también ganó la condena pública, independientemente de la valoración de pruebas y de la palabra final del juez. La detención preventiva es sentencia.
Una fotografía de un autoincriminado en el asunto más emblemático de la corrupción, asociado al caso global más representativo de corrupción entre empresa y gobierno, Oderbrecht, dio un vuelco al proceso judicial. No fue una prueba, un señalamiento, una decisión judicial. No, no fue eso. Fue una fotografía que revelaba el acuerdo que obtuvo el acusado de parte de las autoridades al momento de la extradición y que le concedía lo que no ha sido la constante en la investigación penal de ayer, antier y ahora: el desarrollo del proceso en libertad. Libertad que muestra la fotografía, agravio no por sus razones, sino porque muestra el doble estándar a partir de la práctica generalizada de la detención para investigar.
Obligado es pensar en el proceso penal con inculpados en libertad. No es impunidad, es civilidad, porque la presunción de inocencia es valor supremo del individuo frene al Estado y a la sociedad ávida de culpables. Se entiende que las autoridades deben evitar que los presuntos responsables se sustraigan de la justicia o, incluso que puedan seguir delinquiendo si están en libertad. Las víctimas merecen atención, esto vale y mucho. Lo cierto es que la civilidad de una nación se mide con el trato a sus sentenciados, mucho más con aquellos sujetos a investigación.
En Estados Unidos, la libertad del procesado se garantiza con dinero; aquí, en los casos excepcionales, se ejerce acción penal contra la familia del acusado. Nadie atiende esta dimensión del caso Lozoya y el trágico penar del padre en la búsqueda de un acuerdo que libere o al menos contenga la acción legal contra la esposa, la hija, la nuera, la vendedora de un inmueble y quien sabe más. El grillete de Emilio Lozoya no es el dispositivo electrónico que alerta a las autoridades sobre su ubicación, sino lo que ocurriría con los suyos en caso de fuga.
El otoño se regocija en el empeño de abatir la impunidad: la interminable y manipulada investigación de los jóvenes asesinados en Ayotzinapa, los responsables por el colapso de la línea 12 del Metro, la audiencia de Emilio Lozoya y sus pruebas para fundar los criterios de oportunidad, Alonso Ancira y la forzada transferencia de AHMSA, el fracaso de la acción legal contra los 31 científicos, y los odios represivos de la directora del Conacyt. ¿Y contra el crimen organizado qué se está haciendo? ¿Cuál es la política pública contra el feminicidio y la violencia de género? ¿Hay ya orden de aprehensión contra el joven Ovidio?
Ahora es como antes: abatir a la impunidad con la coartada del espectáculo de la detención, en el intento fallido de satisfacer al respetable a partir de la discrecionalidad del Estado en el ejercicio de la justicia.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto
