La ley y los múltiples oficios asociados a ésta no son de alta estima popular: los legisladores, que son quienes la hacen, las autoridades que las aplican o reglamentan y los jueces responsables de interpretarlas o sancionar su incumplimiento, con frecuencia son criticados y en ocasiones sin razón. De siempre en México vivimos una paradoja, por una parte, una inclinación muy prolífica para crear normas; por la otra, un país con un déficit de legalidad en muchos sentidos y que en materia penal se muestra con desproporcionadas e inaceptables tasas de impunidad. Sí, como sociedad padecemos una relación difícil con la ley y sus actores. Su interpretación suele ser compleja y controversial, incluso para temas muy elementales y en entornos muy cercanos a la legalidad, como ocurrió estos días en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que la certeza aritmética fue objeto de una interesada y absurda interpretación para resolver la insuficiencia de votos para convocar al periodo extraordinario. El Presidente ha usufructuado el prejuicio popular contra los órganos de justicia, a pesar de que éstos son menos falibles y más probos de lo que ocurre en la administración pública. El Presidente es severo en su juicio y en sus palabras, no se corresponden a su investidura, pero se nutren de un sentimiento colectivo que le ofrece un aval social y una cuota de credibilidad. Lo relevante es que el Poder Judicial no pierda sentido de su independencia y que sus determinaciones se ajusten a la ley, más allá del sesgo en la opinión del mandatario. De los tres planos institucionales relativos a la ley, considero que el mejor librado es el que se refiere a los órganos de justicia. Con la reforma de 1994 el país creó una Suprema Corte de Justicia a la altura de los desafíos de la transformación institucional y el desarrollo democrático del país. La reforma judicial es un imperativo y afortunadamente está en curso. La Corte es garantía y está integrada por mujeres y hombres que en su conjunto son ejemplo, más allá de la controversia y de los juicios personales que pudieran hacerse. Gracias a ellas y ellos, la justicia transita con credibilidad y eficacia por los laberintos de la legalidad. Liébano Sáenz @liebano