El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó a la magistrada Janine Otálora de no acatar el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la Constitución, después de que la funcionaria adelantará que propondrá la restitución de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

La magistrada de la Sala Superior del TEPJF señaló que el cese de Edmundo Jacobo -a partir de la entrada en vigor del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral- es “inconstitucional” y atenta contra la autonomía del INE.

“Se trata de una norma privativa. La Constitución establece que la persona titular de la Secretaría Nacional Electoral será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia. En consecuencia, el Congreso de la Unión no puede determinar, en una ley transitoria, que cesará en sus funciones ni para efectuar una nueva designación”, reza el proyecto de la magistrada que se filtró a medios de comunicación.

Ante esto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó un incidente de impedimento en contra de la magistrada y la acusó de pronunciarse anticipadamente a favor de Edmundo Jacobo, “sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas en el juicio” y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior, como lo indican los artículos 17 y 18 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.