Lo relevante -preciso seguir comentando- es lo que aconteció el 13 de noviembre, la marcha ciudadana en defensa del INE. Relevante, porque es expresión de una sociedad dispuesta a decir no a las pulsiones autoritarias del régimen; relevante por su convocatoria civil no oficial o partidista; relevante por la concurrencia, por su espontaneidad, por su autenticidad; relevante por su dispersión geográfica; relevante por su mensaje implícito y explícito en una de las voces más autorizadas, auténticas y representativas de la transición democrática, José Woldenberg; y, especialmente, relevante por sus potenciales consecuencias.

La marcha o desfile de ayer domingo no merece demasiada atención. Debe preocupar la acelerada involución del líder y el sometimiento a él de muchos. Se viven excesos de abuso de poder que amenazan las libertades y la democracia; la oligarquía o los intereses creados, a los que dice combatir, por comisión u omisión, por miedo o por oportunismo se comportan en concierto con el presidente López Obrador. Los signos son ominosos, se transitó de la corrupción sistémica a la corrupción populista. La impunidad es el común denominador de los tiempos de ayer y los de ahora.

La marcha ciudadana demanda una respuesta inteligente por la oposición formal. No puede quedarse en la retórica o en la frágil convicción de que la oposición social ha despertado y dará los votos que se esperan. Expresar públicamente el rechazo al régimen es crucial, pero solo el inicio. La batalla requiere de un debate público inexistente o que se ofrece en un juego con dados cargados, favorable a López Obrador y su belicosa narrativa. El debate debe darse en muchos temas y en todo lugar, no en el marco del enfrentamiento, la descalificación o el insulto; justo lo contrario, dar espacio a la coexistencia, aunque la pretensión presidencial sea anular al adversario, además de que el regateo oficial a la realidad que hace imposible el diálogo.

La expresión ciudadana requiere de los vilipendiados y desacreditados partidos políticos, porque la disputa se dirime también en el proceso legislativo. Es preciso hacer explícita la alianza; la cohesión entre las fuerzas políticas y entre este bloque opositor y la sociedad civil en rebelión. Deben desencadenarse todas las vías legales para que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplan su tarea de garantes de la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las decisiones del Congreso, caso de la reducción de recursos para impedir que el INE cumpla con las responsabilidades que la Constitución le impone. Debe entenderse, también, que las instancias judiciales no juegan en la política; tienen una tarea mucho más relevante e insustituible: hacer valer la legalidad y la vigencia de la Constitución.

La sociedad en contra del autoritarismo requiere de los partidos porque la elección de autoridades tiene lugar con la intermediación privilegiada de las organizaciones políticas. Ese es uno de los temas centrales, de la mayor relevancia para los comicios de 2023 y más aún para las elecciones generales de 2024. La mejor expresión del encuentro de los partidos con la sociedad es abrir la selección del candidato presidencial a un proceso democrático en el que el protagonista fundamental sea la sociedad. Que ingresen a la competencia todos los aspirantes; que sea el mismo proceso con elecciones parciales el que vaya decantando a las mejores opciones a través de una elección primaria con varias estaciones; que se erija un árbitro confiable si el INE no puede intervenir en la organización o si se opta -como parece ser lo más recomendable-, por una mecánica al margen de los estrechos tiempos de precampaña.

La marcha del 13 de noviembre es un quiebre histórico, no por la exégesis de lo que ocurrió, sino por sus efectos en el país y en la vida pública. El impulso ciudadano es la expresión que ha carecido la transformación democrática del país, porque se centró en los acuerdos cupulares entre el poder y las dirigencias partidarias, algunos ejemplares, trascendentes y eficaces, como también lo eran buena parte de los negociadores. La cuestión es que las instituciones electorales se definieron más en función de los partidos que de los ciudadanos. Este déficit es el que hay que atender y, como tal, la marcha ciudadana es convocatoria y mandato.