La semana pasada empezó a circular una propuesta de reforma constitucional en materia electoral, aparentemente elaborada en la oficina del senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
En mayo pasado, cuando se anticipaba una nueva reforma electoral por actores protagónicos del oficialismo, nos preguntamos cuál era la pretensión, a unas semanas de la jornada electoral, previendo tal vez algunas derrotas y adelantando probables culpables en ese escenario.
Hemos revisado y analizado los resultados electorales y encontramos que nadie ganó todo, como tampoco que nadie perdió todo, y cómo la ciudadanía repartió el poder político, a través de su voto, acotando la mayoría que tenía Morena en la Cámara Federal de Diputados, además de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, entre otras posiciones, pero otorgándole en cambio, la inmensa mayoría de las gubernaturas en juego y otros importantes cargos públicos.
El saldo para el oficialismo no es nada desdeñable, sin embargo, han continuado con los ataques y embestidas contra los consejeros del INE y contra los magistrados del Tribunal Electoral, aprovechando la crisis interna por la que atraviesa. Que se vayan todos es la petición.
Sin embargo, esa solicitud no se acompaña con ninguna prueba o evidencia por las que se les ha perdido la confianza o por las que tienen que ser destituidos, sin que se intente acreditar, aunque sea mínimamente, que son acreedores a tal sanción. Tampoco argumentos o fundamentos para alcanzar tal pretensión.
La propuesta circulada gira en torno a destituir consejeros y magistrados electorales, del INE y del Tribunal Electoral, con el planteamiento de reducir el número de ambos organismos, además suprimir los organismos públicos electorales y los tribunales electorales locales, sin aportar sustentos, argumentaciones y justificaciones suficientes para ello. Por otra parte, pretende reducir diputados plurinominales y eliminar los correspondientes de la Cámara de Senadores, además de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, en la conveniencia del partido en el poder, que busca con ello, mantener ventajas respecto del resto de los contendientes. Este tipo de propuestas ya se han presentado en el pasado, por los entonces partidos en el gobierno, que fueron totalmente rechazadas por las entonces oposiciones.
El presidente de la República anunció que, independientemente de la propuesta circulada, él prepara y presenta una propia, la cual estaremos atentos a conocerla.
Hemos dicho que las reformas para acceder al poder han sido, sobre todo, propuestas y conquistas de las oposiciones y producto de grandes consensos de todas las fuerzas políticas. Esa misma lógica se mantiene, si la pretensión es que sea aprobada.
Las propuestas planteadas, y las que se harán, ameritan reformas a la Constitución, y para eso, los número de Morena y sus aliados, de diputados y senadores, no les alcanzan si quisieran aprobarlas unilateralmente, con mayor razón ahora, que tendrán menos diputados a partir del 1 de septiembre.
Cuáles son las intenciones y propósitos de presentar estas propuestas que ya han sido reiteradamente rechazadas por las oposiciones, sabiendo de antemano que no pueden imponerlas y sin establecer espacios y condiciones para la negociación y la búsqueda de acuerdos. No lo sabemos.
Para aprobar reformas constitucionales se requiere necesariamente el concurso de las oposiciones, además del consenso necesario para seguir estableciendo las reglas para acceder el poder, en la ruta que hemos seguido como país, en la construcción y consolidación democrática.
La propuesta como se planteó no tiene futuro, al menos en los mismos términos, por lo que habrá que esperar la anunciada y obviamente la reacción de las oposiciones y la opinión de los especialistas al respecto.
No tiene explicación racional, en términos democráticos, tanta premura y sin el menor intento de acordar con nadie más distinto al oficialismo.
La regresión a la imposición autoritaria no es opción, afortunadamente, por lo que los actores políticos se tendrán que hacer a la idea de continuar en la ruta de las negociaciones, la búsqueda de acuerdos y preferentemente el consenso, como se ha hecho las últimas décadas. No hay de otra.
