Luis Acevedo
Pesquera
La semana augura
diversos asuntos cruciales para el desarrollo nacional. En primera instancia,
se deberá poner en práctica un programa de inversión pública y privada que,
aunque se anunció hace 12 meses y se pensó que podría ser lanzado en abril para
compensar los efectos de la pandemia, finalmente podrá ver la luz, pero sin
certidumbre sobre sus efectos.
El otro tema, bordará
los discursos mañaneros sobre las consultas populares y, con esto, las
manifestaciones públicas relacionadas con la forma de gobierno.
Pero tan
importante como los anteriores será la discusión en la Cámara de Diputados
sobre el destino de los 109 fideicomisos y los recursos que en realidad pueden
significar entre 68 y 75 mil millones de pesos, que serían manejados
directamente por el Ejecutivo Federal y que significa abrir la puerta a la
oscuridad del centralismo económico y político, que es una forma de perversión.
Desde abril,
cuando el presidente López Obrador emitió el Decreto que ordena la extinción o
terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos sin
estructura orgánica, con la intención de asegurar recursos para la recuperación
económica sin contratar deuda ni aumentar impuestos, su plan ha sufrido varios
reveses legales y financieros porque la desaparición de esas instancias
requería de hacer innumerables cambios a múltiples leyes vigentes no solamente
en el ámbito federal, sino también en estados y municipios.
Así, de los 339
fideicomisos con más de 740 mil millones de pesos existentes al finalizar 2019
que encandilaron al jefe del Ejecutivo y lo llevaron a hacer cuentas alegres,
no contempló que la administración pública está normada y eso fue achicando los
números, pero no redujo el riesgo social, político y económico que representa
ese decreto.
El gobierno y
sus legisladores no entendieron ni aprovecharon los informes sistemáticos de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) que desde hace años advirtió de la
opacidad administrativa de los fideicomisos y de la advertencia de que muchos
de ellos no pueden ser extinguidos por sus efectos económicos y jurídicos que,
en un plan estratégico de finanzas públicas pudo resolver sin agravar con pretextos
políticos la crisis económica.
No es posible
hacer una cirugía de precisión a machetazos porque no todos los fideicomisos
son iguales. Solamente se podía actuar sobre los de carácter federal y sin
estructura orgánica, porque su existencia no requiere de un organigrama
funcional ni del personal correspondiente, y por esta razón se distinguen de
los que están contemplados en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y en la Ley de Federal de las Entidades Paraestatales.
Los diputados de
Morena no han alcanzado a entender la complejidad de los problemas, sus
argumentos tratan de apoyarse en la austeridad republicana y en las facultades
constitucionales del Presidente.
Hay otros datos:
la ASF ha señalado que, en general, no existe información suficiente o
contabilidad confiable de los fideicomisos, no se conocen los montos
recaudados, ni los beneficiarios directos de los subsidios, pero tampoco las
obras que se ejecutan con el dinero público encapsulado en esos contratos.
Pero todavía
más, se ha pretendido hacer política sobre la irracionalidad que fue utilizar el
Fondo de Estabilización Financiera para encubrir la caída de la economía en
2019, en lugar de emprender un Plan Integral de Recuperación y de agotar los
ahorros nacionales.
En la Cámara de
Diputados se jugará el destino de los mexicanos y de diversas áreas de progreso
basadas en fideicomisos, siendo que el gobierno puede obtener recursos
adicionales con la cancelación, si se quiere temporal, de la ahogada refinería
de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo y que en
nada ayudan a esclarecer el panorama nacional. Al contrario, lo enturbian y
pervierten las buenas intenciones, si existen.
Hacia adelante,
el país necesita certeza en las acciones gubernamentales y fundamentos
razonados, tanto en materia política como económica.
@lusacevedop
