La siguiente frase se le atribuye a Esquilo: “La primera baja en una guerra es la verdad”. Y ese fue el resultado de la guerra política y manoseo de sus “verdades” entre quienes se montaron sobre los cadáveres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala la noche del 23 de septiembre de 2014, y a quienes, desde los tres niveles de gobierno -de entonces a la fecha—, tratan inútilmente de convencer a los padres de esos estudiantes y a los ciudadanos de qué fue lo que realmente pasó.
Hoy jueves 25 de agosto de 2022, a casi ocho años de no saber nada más allá de los que concluyó la PGR de Jesús Murillo Karam y lo que han machado en la FGR de Gerz Manero, los padres de los 43 normalistas, sus abogados y organizaciones sociales, responderán al “Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa [descargar]”.
Hasta antes de que el grupo demandante se reuniera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Alejandro Gertz y otros funcionarios y de la presentación de las conclusiones, el manifiesto de los familiares y abogados era una condena a la negligencia con que se ha venido trabajando la investigación, a la demanda de que se concentraran las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables en un solo MF y un juzgado y acabar con su dispersión y, sobre todo, una línea de indignación en la que se acusaba al actual gobierno de cómplice por el encubrimiento a mandos militares y funcionarios de más alto nivel. Por eso, en este momento hay una discusión sobre aceptar o rechazar el informe; entre reconocer el esfuerzo con las órdenes de aprehensión hasta ahora conocidas, o rechazarlo porque no se conoce la razón de fondo de por qué fueron ejecutados y, sobre todo, ¿Dónde estarían los restos de todos los desaparecidos?
La verdad está muerta sobre lo qué ocurrió y pasó con los estudiantes, fue aniquilada, sepultada, pero usada políticamente en una coyuntura en que se busca desde Palacio aniquilar a lo que queda del PRI. Esa verdad quedó a medias, por la presidencia de Peña Nieto, de que sólo fue un hecho del crimen organizado y de sus ramas con la clase política ubicada en el PRD de Guerrero (mudado en su mayoría a MORENA). Los actuales gobernantes, de que se trató de un “crimen de Estado”, pero como bien apunta Julio Astillero, pero sin acusar directamente la jefe de Estado y de gobierno.
El trágico caso de los normalistas desaparecidos es una batalla que se ha venido gestando en tres arenas: una, la de las narrativas mediáticas y redes sociodigitales que sin más conocimiento sólo se remiten a replicar consignas como lo expusimos en el párrafo anterior. Segunda, en la jurídica-penal donde varios de los detenidos han ido ganando la batalla y obteniendo su libertad y también de las demandas de los padres de los normalistas. Y la tercera, por supuesto, la política, en la cual los implicados del PRD, PRI y ahora MORENA han tratado de lucrar a su manera, y justo ahora cuando viene la elección estatal que aniquilaría a la oposición a la 4T: la del Estado de México.
Los asesinos de la verdad del caso Ayotzinapa son muchos: Los aparatos “de inteligencia” del PAN y PRI, quienes nunca atendieron las denuncias de que, en Guerrero, políticos mercenarios estaban negociando con grupos delictivos desarticulados después de la muerte del llamado “Jefe de jefes”. Y fueron cómplices por omisión de Estado los funcionarios del círculo cercano de Enrique Peña Nieto quienes aislaban al presidente de toda la información y situación real que pasaba en el país; minimizaron, desdeñaron y protegieron a los implicados en la desaparición de los normalistas. La PGR de Jesús Murillo Karam fue omisa, por lenta, por inepta en su comunicación y la forma en que desvaloró las denuncias y reclamos de ciudadanos, Entró tarde, entró mal y los días se volvieron semanas y meses y ocho años después no sabemos qué pasó en la “noche más triste”. Por supuesto, está la Secretaría de Gobernación del otro hidalguense, Miguel Osorio Chong, quien protegió y defendió que Ángel Aguirre Rivero se mantuviera en el cargo a pesar de ser un obstáculo para todas las investigaciones, como lo confesó el propio ex gobernador guerrerense.
No dejemos de pasar quienes han buscado desviar la atención central sobre el paradero de los normalistas con leyendas urbanas, conjeturas y supuestas historias negras detrás que sólo han permitido que algunos cuantos hagan negocios con producciones de video documentales, libros, supuestos reportajes y hasta fideicomisos con el fin de seguir alimentando la especulación sobre esta tragedia. El 25 de febrero de 2015, Parametría registró que “54% pensaba que el gobierno de la República de Peña Nieto era el principal responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”. Es decir, el manoseo mediático que dejó sembrada la percepción de que sí, “fue el Estado”, se impuso a meses de haber ocurrido la tragedia y que ocho años después, la Comisión de la Verdad de Encinas llega a la misma conclusión, pero sin las bases jurídicas suficientes, e incluso, bajo la sospecha violación deliberada al “debido proceso” que puede revertir todo este maxiproceso.
Ya varios juristas han apuntado esta debilidad de la sobre exposición del Informe. Más que razón de Estado detrás del origen de la desaparición forzada, se trató de un encubrimiento del Estado para obstaculizar la localización y no tocar a instituciones como el Ejército y Marina que estarían indiciadas.
Cuando Vicente Fox quiso quedar bien con algunas personas que le dieron su “voto útil”, creó una Comisión para el Seguimiento de Delitos Políticos y Sociales del Pasado con el fin de estudiar y aclarar qué “verdades” hubo detrás de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, la desaparición forzada de líderes sociales, indígenas, campesinos y guerrilleros durante el echeverrismo y lopezportillismo. ¿Qué ocurrió? Nada, ni siquiera su difusión y condena pública a los responsables. Esperemos que hoy no sea el caso y que sí se haga justicia sin dejar de preguntar: ¿Dónde están los 43?
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CONFLICTO EN LA ALIANZA DE TRANVIARIOS DE MÉXICO
Nos informan que, en días pasados, seis integrantes del Comité Central Ejecutivo de la Alianza de Tranviarios de México están demandando al secretario General de la ATM Gerardo Martínez Hernández porque, en la vía de los hechos violó el estatuto del gremio, “al hacer movimiento de personal de comisionados e incluso removiendo de su cargo a Enrique Jiménez Aguilera (expediente 21436), del Tren Ligero Mexicano. Sin argumento, y en complicidad entre el ex secretario General, y Octavio Martínez Galindo, presidente de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia. Sin ningún proceso apegado al estatuto, Gerardo Martínez Hernández “le molesta ser cuestionado, y junto con la Comisión de Fiscalización y Vigilancia, arma una plenaria estando solo tres miembros del Comité y Fiscalización y Vigilancia y personal de la estructura sindical”. Denuncian que “el señor Gerardo Martínez no solo ha hecho una campaña de desprestigio en contra de los 6 miembros del CCE, él ha
intentado destituir a dichos miembros con una Asamblea amañada, lo cual no fue permitido por la base, al ver que no podría ganar, la intenta “reventar” y abandona el recinto sindical junto con un grupo de compañeros y es así como constituidos en mayoría como Comité Central y de acuerdo al estatuto se reanuda la asamblea cambiando el orden día, quedando de manifiesto el deseo de la base de destituir de sus cargos a estos compañeros y a la tesorera para que rinda cuentas por medio de una auditoria, así como otros miembros del CCE y la Comisión de Fiscalización y Vigilancia”. Seguiremos informando.
CORCHOLAERO: SHEINBAUM INVADE LA SUCESIÓN EN TABASCO
El Grupo Tabasco se ha dividido a raíz de la serie de inconformidades que se generaron con la elección de Congresistas para la renovación del Consejo Nacional de MORENA. Y la designación de Tey Mollinedo como presidenta estatal del partido, afín del grupo de Adán Augusto López Hernández, provocó la ira de la corriente de Javier May Rodríguez, quien junto a una de sus compañeras sentimentales, Lorena Méndez Denis, armara una cargada choca a favor de Claudia Sheinbaum, a la cual se sumaron el mismísimo José Ramiro López Obrador y el muy poco prestigiado ex alcalde de Huimanguillo y quien ocupaba la estratégica coordinación de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Francisco Sánchez Ramos y Sheila Cadena Nieto, titular de Desarrollo Energético. Aunque algunos creíamos haber recibido señales de que el Grupo Tabasco estaba cerrando filas con Sheinbaum, nos informan que más bien se trata de la disputa por la gubernatura de la entidad a la que están anotados todos los funcionarios federales Javier May (Fonatur), Rosalinda López (SAT), Octavio Romero (PEMEX) y “Chelalo” Beltrán Hernández (consejero de PEMEX)… hasta ahora. ¿Cómo reaccionará Adán a este desafío de Javier May? ¿Quién cree que ganará la partida? Sobra decirlo.
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