Propio de una buena conducción de la sucesión es impedir el descarte de cualquiera, por razón cualquiera. La política es incierta; nadie hubiera pensado que la señora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México tuviera que encarar una crisis de tal magnitud por el colapso de un tramo de la línea 12 del Metro. Un accidente no es un incidente. Hay responsabilidad; no fue un error humano, la estructura colapsó provocando la muerte de 26 personas y decenas de accidentados.

Para la justicia la importancia radica en determinar la responsabilidad de quién o quiénes, por acción u omisión, dieron lugar a que el desplome ocurriera. Adicionalmente, dos géneros de daños habría por compensar, los de las personas fallecidas o heridas y los derivados de la suspensión y rehabilitación de la obra.

Desde el inicio se definieron tres planos de posible responsabilidad: el diseño, la obra y el mantenimiento. En términos de gobierno, los dos primeros implican a Marcelo Ebrard; en el mantenimiento concurren la gestión de Miguel Mancera y la de Claudia Sheinbaum. Muy tempranamente trascendió que la empresa subcontratada por Grupo Carso había sido negligente al fijar las estructuras, los ya conocidos pernos nelson. El presidente participó para atender con prontitud y un sentido de cuidado para que el deslinde de responsabilidades por las mismas autoridades de la Ciudad no tuviera sesgo contra Marcelo Ebrard ni la constructora del Grupo Carso.

¿Bienvenido de vuelta, señor presidente?

Claudia Sheinbaum hizo bien al seleccionar perito que ofreciera un estudio sobre las causas del desastre. Una firma internacional, con excelente historial e incuestionable prestigio. De esa empresa ella dijo: “DNV es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad, que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864; es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla, y en certificación y servicios de prueba”. DNV presentó dos reportes preliminares previos. Con la información disponible todo perfilaba a una responsabilidad en el diseño y ejecución de la obra.

El tercer informe fue proporcionado en febrero. Con motivo del aniversario de la tragedia y ante cuestionamiento de varias fuentes, la jefa de Gobierno informó que demandaría por la vía civil y posiblemente penal a DNV por un reporte inaceptable que no se apegó a la metodología acordada. También los acusó de falta de integridad al ser parte de una cadena que involucra al PAN y a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, para configurar un dictamen con tintes políticos.

Los cargos de Sheinbaum contra DNV son inverosímiles. Difícilmente una empresa de tal prestigio en un caso tan delicado actuaría con negligencia y todavía menos se prestaría a un juego político, ni existe razón alguna para ello. Más probable parece que las conclusiones definitivas refieren a la tesis de un deficiente mantenimiento durante este gobierno y, consecuentemente, colaboradores próximos a la jefa de Gobierno figuren como responsables.

Por salud pública el informe debe darse a conocer. Ella cometió un error grave por la responsabilidad que ahora adquiere impedir se conozcan los resultados de una empresa que ella misma seleccionó y pagó. La responsabilidad derivada de la falta de mantenimiento no la afectaría directamente, quizás políticamente sí, pero no en la esfera administrativa y menos penalmente, salvo que sus instrucciones hubieran sido de no realizar el mantenimiento recomendado, asunto ajeno al reporte de DNV.

La cancelación del contrato no deja las coas en reserva; llegaría a tribunales y el elemento de defensa es el propio estudio que provocó el diferendo que, inevitablemente, deberá ser del conocimiento público y podría desahogarse no solo en tribunales nacionales. Sin duda es la peor crisis que Sheinbaum enfrenta; peor aún, podría seguirla a lo largo del tiempo y el documento se conocería en el momento más inconveniente para ella. Campo minado en el camino a la sucesión presidencial.