Desde el 15 de agosto, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA está en falta, porque no ha cumplido con lo dispuesto en el último inciso de la fracción II de la Base Octava de la Convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, que es publicar los resultados de los ciudadanos electos como congresistas nacionales Distritales, pero hasta el momento de escribir este artículo sólo han cumplido 25 de 32 comités estatales, y sin embargo, ya comenzaron elegir a sus nuevos dirigentes, a pesar de que las impugnaciones en sus 300 distritos no concluyen su ruta jurídica.
Este retraso se debe a cuatro razones fundamentales:
Uno, a los ajustes, depuraciones y negociaciones entre las distintas corrientes morenistas que impulsan, desde ya, a sus próximos cuadros para competir por puestos de elección popular, lo cual no estaría siendo bajo el respeto a los votos de la consulta sino a las cuotas de grupos internos.
Dos, más allá de las peleas por candidaturas a alcaldes, diputados o gobernadores de 2023 y 2024, está en debate la consolidación o redefinición del proyecto de partido, que tanto el presidente López Obrador exige como las distintas corrientes fundadoras.
Tres, en juego está la homogenización ideológica ¿izquierda populista, socialdemócrata, centro derecha?) o la continuación como muégano de retazos ideológicos de otros partidos y grupos de interés como ha venido operando desde su integración.
Y, cuatro, por supuesto, el reacomodo de los grupos en el Congreso Nacional definiría quién tendría casi en sus manos la candidatura presidencial de Morena para darle continuidad o reorientar al proyecto transexenal de la llamada “Cuarta Transformación”.
En este sentido, los grupos políticos que están ajustando el Congreso Nacional se han agrupado en los únicos pre candidatos presidenciales: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal, los cuales desde antes de la jornada del 30 y 31 de julio, maquinaron con todas las viejas y nuevas prácticas electoreras para que hubiera la afiliación masiva fuera de sus leales (según presumen participaron cerca de tres millones de ciudadanos, mismos que se afiliaron a MORENA).
De esta forma, en los 300 distritos electorales los morenistas están librando varias batallas, que no les son nuevas, porque son las mismas prácticas tribales que vienen realizando desde que eran parte del PRD y que, en los hechos, provocaron la aniquilación del proyecto de partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia, Heberto Castillo, ex comunistas, ex talamantistas y las llamadas “sectas izquierdistas” de todas las líneas ideológicas (trostkistas, maoístas, leninistas). Es decir, enroques, traiciones e imposiciones de parte de quienes se creen dueños de franquicias del partido, como son todas las denuncias por parte de los grupos derrotados.
Así, el juego sucio sigue siendo evidenciado por acusaciones de acarreos, compra de votos y hasta lavado de dinero, que llevó a la diputada Verónica Clemente presentar denuncias ante la misma Unidad de Inteligencia Financiera. Otro caso fueron los enjuagues de gobernadores, alcaldes, diputados y senadores en funciones, electos o con licencia por colocar a sus propios hermanos, hijos, primos, esposos, cuñados o amigos del alma y demás recomendaciones que nos recuerda lo peor de la nepocracia priista, es decir, el nepotismo o influyentismo que tanto repudiamos los ciudadanos.
La “guerra civil” morenista, como señalamos hace meses está provocando desencuentros y hasta zancadillas entre quienes deberían juntos. Por ejemplo, en Tabasco y los estados del sur-sureste los golpes bajos están a todo lo quedan, el neoclaudista Javier May ha lanzado una provocación directa al poder del grupo político del secretario de Gobernación y gobernador de la entidad con licencia Adán Augusto López Hernández, el cual sin lugar a dudas es el más poderoso y cercano al presidente. Los mayistas de poco prestigio político incrustados en el gobierno estatal, una de las parejas de don Javier y hasta “Pepín” López Obrador se fueron por la libre lanzando abierta su adhesión a Sheinbaum y como respuesta vinieron ceses inmediatos de sus cargos.
En el sur-sureste y varios estados del centro norte del país se aprestan a responder con fuerza y por encima de sus mandatarios y podría provocar fisuras e inconformidades, porque más allá de las señales que creen que la jefa de Gobierno es la favorita, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, quienes saben más por viejos que por diablos, no lo creen definido y la percepción puede estar equivocada. Los antiguos operadores de Ebrard, por ejemplo, ya afinan el trabajo desplegado donde Morena no es gobierno y además sigue firme la alianza con Monreal, sin descuidar los coqueteos con otros partidos políticos. Adán, como buen choco, sabe que la paciencia es su mejor arma y que cuando los ríos dejan de arrastrar las piedras éstas solitas se acomodan; no en vano a él y a sus hermanos les llaman “Los Exitosos López”.
Este fin de mes, los días también están contados para Ricardo Monreal, quien más que la presidencia, como hemos apuntado en otras ocasiones, parece estar enfocándose a construir una candidatura para la Ciudad de México donde ya hace campaña… tanto con los pocos congresistas que logró colocar como con algunos operadores de la oposición. Mientras tanto, Andy López Beltrán, quien decían estaba retirado de la política abierta como su hermano José Ramón, en acuerdo con Claudia han colocado a Sebastián Ramírez al frente del partido en la CDMX, donde tiene el enorme reto de tejer fino para que sume, integre y apoye a la 4T, pues de lo contrario, en la línea de Mario Delgado, sería más aliado de los opositores que de Morena.
El Congreso Nacional de MORENA se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre próximos y aunque se dijo que podrían participar “todas las personas Protagonistas del Cambio Verdadero y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional”, la realidad es que hemos estado viendo una reedición de lo que fue el otrora PRD, donde el tribalismo fue el que dominó su vida y muerte. Difícil que quieran corregir a estas alturas del partido, pero que quizá deban tomar en cuenta porque de no hacerlo habrán de darle la razón a sus detractores y habrán de enterrar, por incongruente, esa campaña que lanzaron esta semana contra el proyecto de reforma electoral que busca la aniquilación del Instituto Nacional Electoral, supuestamente por faccioso, poco representativo, antidemocrático y fraudulento. En fin, tiempo al tiempo.
LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS
De baja intensidad la campaña que lanzaron los concesionarios de la radio y televisión para presionar a la SCJN para que anulara la reforma a la ley de telecomunicaciones que los obliga a respetar el derecho de las audiencias. Más en desesperación que en uso de razón y argumentos, acusaron a algunos integrantes del equipo de comunicación social de estar fraguando por una nueva forma de censura. Sin embargo, poca solidez tuvieron porque al menos dos de los más férreos críticos de la 4T también han estado a favor de las audiencias: la abogada Irene Levy y el especialista en medios Raúl Trejo Delarbre. Pero la campaña contra la ley de las audiencias siguió casi en la misma línea editorial y bajo los mismos argumentos con que ha venido, en muy mala fe, difundiendo lo mismo Azteca que Televisa y quienes colaboran en estos medios. “La Suprema Corte resolvió que la reforma realizada por el Congreso en el año 2017 en materia de derechos de las audiencias es inválida. Aquella reforma canceló o modificó varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, precisa el Dr. Delarbre. Y sigue: “Entre otros, la reforma de 2017 canceló el artículo que obligaba a que en los noticieros sea forzoso distinguir a la información, de la opinión. Esa disposición era muy discutible y de muy difícil aplicación. Algunos comentaristas y medios se han confundido y han dicho que las modificaciones de 2017 crearon esa obligación para distinguir entre información y opinión y por eso celebran la decisión de la Corte. Realmente ha sucedido lo contrario”. Y abunda una explicación
“- Al cancelar la reforma de hace 4 años, vuelve a tener vigencia el texto de 2014 que creó esa obligación. Si se cumple o no, y de qué maneras, dependerá de las reglas que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“También vuelve a ser vigente la obligación para que en todos los espacios de radio y televisión se distinga la publicidad, del contenido de los programas. La reforma de 2017 había circunscrito esa obligación sólo a los noticieros.
“La obligación para distinguir a la publicidad del resto de los contenidos es la que más inquieta a algunos concesionarios privados. No pocas estaciones de TV y radio acostumbran cobrar por la promoción de productos sin identificarla como publicidad”. Y remata, con justa razón: “Creo que la disposición sobre la publicidad, mucho más que la distinción entre opinión e información, es la causa de la inquietud en diversos medios. Esa distinción me parece inadecuada e impracticable, como he señalado antes. https://sociedad.wordpress.com/.../la-informacion-nunca.../ Pero ya que hablamos de confusiones, la que han tenido (y que mantienen, a pesar de numerosas aclaraciones) diversos opinadores y medios, resulta por lo menos extraña. Decir que la distinción entre información y opinión se originó con las reformas de 2017 es una franca mentira.
“¿Por qué lo afirman así columnistas especializados y medios habitualmente informados en estos temas? No lo sé, pero es un engaño. La Corte decidió restaurar el texto sobre derechos de audiencias de la Ley de 2014 debido a insuficiencias formales en el proceso legislativo. No entró al estudio a fondo de los derechos de las audiencias. Tales derechos son una realidad en la legislación y la sociedad mexicanas. Es sorprendente que, a estas alturas, haya concesionarios privados y comunicadores que quieran regatear tales derechos. Esos derechos, desde luego, no deben inhibir de ninguna manera la libertad de expresión”; concluye Raúl Trejo Delarbre, con muchos lustros investigando medios de comunicación y quien no precisamente comulga con la 4T como pregonan los detractores de la legislación.
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