En el proceso electoral judicial importa mucho más la calidad de los perfiles que la cantidad de las personas inscritas como candidatas. La legitimidad de la elección de jueces no depende del número de aspirantes a los cargos en disputa, sino de contar con perfiles de personas capaces, por un lado, y de la transparencia, pulcritud y confiabilidad con que se desarrolle todo el proceso, no solo la jornada electoral, del que surgirá el nuevo Poder Judicial Federal.

Los autores y promotores de la Reforma Judicial, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, aún no logran entenderlo y por eso se lanzaron a recolectar inscripciones de último momento, sin valorar que por la forma en que lo hicieron, le restaron seriedad, credibilidad y también legalidad y legitimidad a un proceso que debería estar manejado y cuidado con pinzas.

El reto ya era complejo en sí mismo, pues la elección judicial tiene bastantes pruebas de fuego por superar como para que los legisladores de Morena decidieran ensuciarla y restarle una credibilidad que tarde o temprano se le cuestionará.

Provocar que los números crecieran de forma casi exponencial en los últimos dos días de plazo para la inscripción de aspirantes a alguna candidatura, fueron la peor decisión y práctica a la que pudieron recurrir quienes creyeron que la elección perdería validez y credibilidad si no tenía una cantidad suficiente de candidatos.

Argumentar que los mexicanos siempre dejan todo para el último minuto como forma de normalizar un aumento de inscripciones tan anormal que resultó grotesco, es una falta al respeto a la inteligencia de la sociedad en general, y de los candidatos en particular que hicieron el esfuerzo por reunir documentos registrarse de forma normal y prepararse para competir. Ese alegato, en voz de Vanesa Romero y algunos otros responsables de la evaluación de los aspirantes a candidatos, equivale a culpar injustificadamente a la sociedad, o al pueblo si les gusta más, del desaseo de esta, la primera parte del proceso.

Nadie con dos dedos de frente puede creer que un sistema que procesaba una inscripción en aproximadamente una hora, por intervención del dios de los terabytes, al amanecer del sábado se volvió ultrarrápido y empezó a procesar cada inscripción en menos de 1 minuto.

Por si eso no hubiera sido suficiente para ensuciar el proceso, el temor de perder legitimidad y credibilidad por la ausencia de un número espectacular de candidatos, llevó a los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña a violar la propia convocatoria que emitieron. Cuando habilitaron un correo electrónico para recibir inscripciones y abrirle la puerta a más candidatos, porque según ellos la demanda los desbordaba, viciaron y volvieron legalmente anulable toda candidatura que se haya procesado a través de ese correo electrónico surgido de la ocurrencia, porque está totalmente fuera de los términos y las bases de la convocatoria oficial emitida para el procedimiento de inscripción y participación.

La seriedad, credibilidad, y por lo tanto legitimidad de la elección judicial no depende del número de candidatos que se inscriban para participar. Si el comité de selección del Poder Ejecutivo tenía mil aspirantes inscritos y el del Legislativo y el Judicial otros tantos cada uno, ese era el número adecuado y también ideal para darle seriedad al trabajo de evaluación y selección de los comités mismos, pues eso habría garantizado la evaluación de aspirantes que mayoritariamente tenían seriedad, mérito y justificación. Eso, a su vez, habría garantizado que a las boletas llegaran candidatos con solidez que ofrecieran tranquilidad a quienes tienen justificadas dudas del resultado de este “experimento democrático”.

En contraste, pretender que con 40 mil aspirantes registrados el proceso es más legítimo que con cinco mil, es apostar por la cantidad en una función, la judicial, que requiere, ante todo, de calidad, por conocimientos y por integridad. Igualmente, considerar que alguien creerá que tres comités integrados por cinco personas cada uno, analizarán con la seriedad y profundidad que el caso amerita, más de 40 mil expedientes en menos de un mes, es ser parte de una componenda o de plano ser víctima de una ingenuidad inadmisible para tratar los problemas y retos de la República.

La pulcritud, la transparencia y la seriedad, siempre generarán más legitimidad, que la participación masiva, interesada y manipulada.