Karla Pulido
Ha concluido la sesión de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación donde se discutió el proyecto del Ministro Juan Muis
González Alcántara Carracá, que declaraba inválidas diversas porciones de la
reforma judicial, en particular la elección democrática de jueves y
magistrados.
La Corte no tuvo oportunidad de discutir
el fondo del asunto, pues las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta
Ortiz, y el ministro Alberto Pérez Dayán, consideraron que el asunto debía
sobreseerse. Al requerirse una mayoría de 8 votos para declarar la
inconstitucionalidad de los puntos abordado en el proyecto, y siendo 11
ministros el total del pleno, el proyecto no pudo avanzar y fue retirado por el
propio ministro Alcántara.
Ahí quedó el último intento por contener
la transformación del poder judicial de nuestro país, pues la reforma ya está
en firme y, ahora sí, se le aplica el articulado de la supremacía
constitucional, que al final impide que los cambios constitucionales sean
revisados por la propia Corte como tribunal constitucional.
La decisión de hoy, como la definió la
ministra presidenta Norma Piña, fue histórica por el peso de la discusión que
se presentaba. Pero al final, un argumento del ministro Dayán rompió el bloque
de los 8 ministros que se habían manifestado en contra de la reforma, y por el
contrario, manifestó un argumento en contra de la legitimidad de los partidos
políticos para solicitar la revisión, y finalmente cuestionó que la Corte
resolviera el tema, enfocándose más en la responsabilidad del Tribunal
electoral y del Instituto Nacional Electoral por asignar la mayoría legislativa
y no discutir la reforma en su momento.
Sin la discusión de fondo, ya no sucedió
el debate relativo a las violaciones a los derechos humanos, los riesgos de la
transformación del régimen constitucional,
Así, pues, la reforma va. Ya se encuentran
abiertas las convocatorias para aspirantes a competir por los cargos, que serán
seleccionados por comités designados por los tres poderes, y el proceso
electoral ha comenzado en el INE con una solicitud preventiva de 13 mil
millones de pesos para su presupuesto del próximo año, contemplando la
elección.
Existen todavía muchas dudas sobre los
procedimientos, que el INE tendrá que resolver. Inicialmente, la geografía
electoral y los distritos en los que se dividirá al país para realizar la
elección; cómo operarán los consejos distritales y locales electorales; los
medios de impugnación y más variables de las leyes secundarias.
Queda en el aire la sensación, que priva
en la oposición, de que la Reforma no debía existir y que los procedimientos
que se siguieron para llevarla a cabo no fueron precisamente legales ni
constitucionales. Sea como fuere, la reforma llegó al máximo tribunal, se
estudió y se desechó, conforme a la ley.
La República ha sido transformada por la
mayoría legislativa que obtuvo Morena en las urnas en las pasadas elecciones.
Algunos argumentarán que el partido oficial no tiene la legitimidad para
imponerse, seguirán peleando la sobre representación e inclusive acudirán a
instancias internacionales para denunciar las condiciones del ejercicio del
poder.
Lo cierto es que la reforma judicial va, y
con ella, la transformación del régimen político que existió en los últimos
treinta años. Para bien o para mal, ahora hay un nuevo poder hegemónico en el
país, y más nos vale entender la nueva realidad política.
