La reforma política: ¿Un país de contrastes ideológicos o un país bicolor?
Felipe León López
Como reza el dicho: “ya encarrerado el ratón…”, Morena y el PRI van juntos en esto que algunos llaman “reforma híbrida” para cambiar al Instituto Nacional Electoral y nuestro sistema democrático. ¿Cómo será? ¿Qué está en juego? Se han dicho muchas interpretaciones y deducciones que han encendido luces de alerta por el alto riesgo de que se esté cocinando una regresión al modelo democrático liberal mexicano.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, secundando al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, de que su grupo parlamentario iniciará la discusión de la reforma político-electoral. La discusión no tendrá complicaciones porque está afianzada la alianza con el PRI que romperá el candado de mayoría calificada, por lo que el proceso de la reforma electoral iniciará esta semana en Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral.
Desde nuestro punto de vista, la actual promoción de la reforma política a diferencia de las anteriores tiene diferencias sustanciales: no viene de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo; es decir, las movilizaciones sociales que antecedieron a las grandes reformas electorales no están en esta ocasión, porque está dirigida por el impulso del propio presidente de la República.
Veamos; primero, la gran reforma democratizadora de 1977 que dio lugar a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (la LFOPPE) fue la respuesta a las movilizaciones obreras, campesinas, indígenas, populares y sobre todo estudiantiles, de 1966 y 1968.
Octavio Paz lo reflexionó en su Posdata al Laberinto de la Soledad señalando que el 68 fue un año axial, porque quienes salieron a las calles y fueron asesinados por un régimen autoritario; cambiaron la mentalidad del país, al desafiarlo con la crítica en el espacio público, con una nueva clase media más informada y porque la sociedad tomó un rol más fiscalizador tanto al poder político, económico y social como de la opinión pública y, por tanto, se volvió más demandante de una revolución democrática.
Por ello, la respuesta del régimen fue una ley que permitió la representación de las minorías, la apertura a partidos de comunistas auténticos y no controlados en partidos satélites, como eran los del PCM (Partido Comunista Mexicano) y el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores).
La segunda gran reforma, de 1996, vino también como respuesta del viejo régimen priista, ya en crisis en ese momento, a la insurrección cívica de las elecciones de 1988 que puso al país en serio riesgo de un conflicto civil que hubiera sido costoso para todos. Para evitar otra “caída del sistema” (frase emblemática dicha o no por Manuel Bartlett marcó esa elección) y porque el país era una olla de presión por el hartazgo de que fuera el partido-gobierno-Estado el que controlara las elecciones y sus resultados en un juego de democracia selectiva, simulada (como había venido pasado con la era de las “concertacesiones”). Por eso surgió el primer Instituto Federal Electoral, como órgano más ciudadano, autónomo del gobierno y del partido y con un consejo de representación más equitativo, aunque bajo control de los partidos mayoritarios.
Sin embargo, la reforma política no fue suficiente porque aún los grandes capitales, los medios de comunicación y el poder político de control de la publicidad política. Entonces vinieron las reformas de 2007 y 2014, para control del acceso de la publicidad política en medios de comunicación. A diferencia de las anteriores, estas reformas vinieron de los partidos políticos y por ello el Consejo General del INE, sus órganos de dirección, fiscalización, de promoción de la cultura democrática, pago de anuncios de los partidos y control territorial dependen en gran medida de las cuotas asignadas a los partidos políticos con registro.
Las reformas que prosiguieron a la 1977, de 1996, 2006 y 2014, son consecuencia de una cultura de la desconfianza (todos creen que el otro les hará trampa), deficiente cultura democrática (pocos reconocen sus derrotas) y de respeto al Estado de Derecho (violan la ley de manera sistemática) de nuestros líderes políticos; por ello, los órganos electorales tenemos un monstruo electoral que tan sólo este año que termina costó casi 14 mil millones de pesos. Este monstruo fue creado por la partidocracia, la misma que ha encargado de fijar las reglas del juego y definir el rumbo que tenga nuestra democracia.
De ahí que no sorprende que, como avanzada a la reforma, la partidocracia se haya blindado de pagar sus multas. La semana pasada se modificó la legislación para establecer que el INE no puede retener más del 25 por ciento de las ministraciones mensuales que corresponden a partidos políticos por concepto del pago de multas a infracciones por ellos cometidas abre posibilidades para la reforma electoral. Es decir, no sólo son capaces de violar sus propias leyes, sino que ahora no quieren pagar las sanciones que ellos mismos habían dispuesto.
Ahora, esta promoción de la reforma, viene promovida y dictada directamente del Poder Ejecutivo, ya no de la sociedad, ya no de los partidos ni organizaciones civiles, y mucho menos de los ciudadanos. Es una reforma que, de acuerdo con lo dicho por el propio mandatario desde la “mañanera”, está basado en instalar a “demócratas honestos” tanto ene lNE como en el TEPJF, incluso, abrir la posibilidad de que sean electos por votación a la ciudadanía. Conociendo lo tramposo que es este método, quizá haya momento de reflexionar si es la vía adecuada.
Por ahora, quizá sea conveniente enlistar algunas ideas de lo que nos gustaría que ocurriera en dicha reforma:
El respeto total y absoluto al Estado de Derecho de todos los promoventes de la reforma electoral. Porque ha sido lastimoso y costoso para el país que los primeros en crear y violar la ley sean los mismos candidatos y sus partidos. Es hora de que muestren su voluntad democrática y no a contentillo de los resultados.
Fin al aparato burocrático, costoso y a la cultura de la desconfianza. Fin a la democracia comercial, pero también a que legisladores sean congruentes entre los recursos asignados y las responsabilidades a los órganos electorales. En este sexenio se han volado con consultas populares, pero sin mover el hilo del financiamiento a la maquinaria ciudadana que debe estar detrás.
Perfeccionar al INE en su composición; regresárselo a los ciudadanos y que los partidos tengan participación acotada. Un INE de ciudadanos, más de que de partidos y dirigentes. Siendo los partidos los que promueven a su consejo, son ellos los responsables de llevar a cabo la primera muestra de honestidad intelectual y política.
Una radical revisión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya no podemos tener una democracia simulada y a contentillo del candidato derrotado, el líder o el grupo de presión. Si hay violaciones a la ley, derecho positivo tajante y contundente, sin largas esperas, sin tiempo para que haya sobornos y chantajes que modifiquen la voluntad de las mayorías.
El respeto a la pluralidad del país, porque México no es de buenos y malos, de conservadores y no conservadores, de blancos y negros. Hay matices culturales e ideológicas diversas. El respeto a las minorías es fundamental, pero también los candados ciudadanos deben tener mayor peso para evitar que partidos- negocios quieran sorprendernos como lo vienen haciendo cada tres años y que algunos se hayan quedado cual franquicias que se rentan sexenalmente.
En este sentido, absurdo y repudiable que se pretenda un sistema bipartidista, cuando México ha dado muestras de mayor pluralidad que otros países.
Eliminación de la sobrerrepresentación y bloqueo al chapulineo, porque no es democrático ni representativo; ello incluye que se tenga que acotar la composición del Senado sin los plurinominales y que en la Cámara de Diputados haya revisión justa para tener minorías representadas y no mayorías superinfladas.
Por supuesto, hay que pugnar por una fiscalización efectiva del origen de los recursos públicos, cuanto más que surgen dudas sobre la legalidad de los fondos que no son reportados al instituto y que vemos, los ciudadanos, derrochados en espacios públicos pagados de propaganda. Si creemos que sólo tuvimos un Abarca en el poder municipal, seremos muy ingenuos, porque conforme el poder fáctico del crimen crece, más aumenta su penetración en las filas del partido.
A reserva de lo que se comience a ventilar en estos días, y ante las grandes lagunas de información sobre las propuestas de los partidos políticos, dejamos esta lista de buenas intenciones por si algún alma caritativa del Poder Legislativo nos toma en cuenta.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
