Si no fuera por el grave precedente de la violación flagrante y reiterada a la ley en la consulta de ratificación de mandato, no valdría la pena dedicarle tanto tiempo y discusión. El debate entre quienes se oponen al presidente López Obrador se centra en si hay que participar en una consulta fraudulenta, engañosa y de resultado previsto; para muchos votar es convalidar.

El tema despierta pasiones en el bando opositor al presidente y hasta median insultos a los decididos a concurrir para expresar su negativa. Se les llama ingenuos, en el más amable de los calificativos. La réplica de éstos es que es la forma más civilizada e inteligente de expresar su rechazo a López Obrador. No falta quien suscriba el dogma democrático, hay que ir a votar y hacerlo en libertad, sobre todo ante el acarreo y la desbordada propaganda a favor de la continuidad. En el frente opositor, cada quien con su causa, cada cual con su razón y una mochila creciente de fundados agravios.

La revocación de mandato no sólo se ha tergiversado para volverla un ostensible ejercicio de ratificación al presidente, promovido por él mismo, por los suyos en los estados y por su propio partido. El problema es que ellos diseñaron mal el cambio constitucional y determinaron candados en materia de publicidad y participación que restringen la promoción del voto, además de la resistencia de otorgarle al INE los recursos suficientes para instalar casillas en un número suficiente, afectando la concurrencia ciudadana a votar.

Las dificultades, obstáculos e inconvenientes para la consulta fueron definidos por el voto de los legisladores morenistas. En un calculado juego perverso, ahora pretenden imputar al INE y a dos de sus más activos consejeros, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, la responsabilidad de un imaginario complot obstruccionista para la realización de la consulta.

Las salidas legales a las dificultades han sido desafortunadas. Primero, se planteó ante el Tribunal Electoral una interpretación que pudiera dar espacio a la promoción de la consulta en la comunicación gubernamental y la de los legisladores, tema rechazado por unanimidad de los magistrados. Segundo, se presentó un cambio legal para interpretar la ley reglamentaria y lograr lo que no pudo obtenerse del Tribunal. El problema es que las restricciones y las limitaciones están en el texto constitucional. Se puede interpretar la ley con un acto legislativo, pero no ir a contrapelo de la Constitución.

Debido a la polarización que se vive por la consulta de revocación, en el Senado la oposición reventó la sesión en la que se pretende votar el cambio legal. Mientras, en el país prolifera la propaganda y publicidad ilegal para promover el voto por la continuidad. Se entiende que la preocupación en el oficialismo no es el resultado, sino que haya una participación suficiente.

La relevancia de la intrascendente consulta es que se aprecia imposible que concurra 40 por ciento de los ciudadanos en el padrón, y que el número de quienes voten por la continuidad sea semejante al obtenido por el candidato López Obrador en 2018, Incluso, será difícil que voten quienes lo hicieron por Morena en las complicadas elecciones de 2021, esto es, 21 millones. Todo anticipa que la fiesta de la ratificación no cumplirá con el objetivo político que se planteó el presidente de relanzar su proyecto para la etapa más difícil de su gobierno.

Y no sólo eso. Su resultado tendrá el efecto contrario. Una baja votación por la continuidad del mandato, escenario muy probable, hará evidente que ni la infracción a la ley ni el uso electoral de los programas sociales pudo lograr que el oficialismo alcanzara cifras para mostrar fortaleza y supremacía con vistas a la sucesión presidencial, escenario que se complica por las dificultades que enfrentan los candidatos de Morena en las elecciones locales de este y el próximo año. Podrán culpar al INE por el fiasco, pero los malos números harán relevante lo intrascendente.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto