Los datos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, al mes de septiembre de 2023 hay 22,602 víctimas de homicidio; eso hace un promedio de 2,511 víctimas por mes. De tal forma que, de mantenerse la tendencia, a finales del año se tendría un total de poco más de 30 mil víctimas de homicidio intencional. A ello habrá que agregar en su momento el ajuste que lleva a cabo el INEGI, con las estadísticas de mortalidad, y los cuales siempre implican un incremento relevante.

De mantenerse así las cosas, será el año menos violento del sexenio. Sin embargo, hay que subrayar un hecho: durante los primeros cinco años de la administración se tendrán cifras superiores a las 30 mil víctimas de asesinato; y eso sin contar las víctimas de desaparición forzada, más las víctimas de feminicidio.

Es cierto que la prevención, investigación y sanción de esos delitos corresponde al ámbito de lo local; pero también lo es el hecho de que, sin una estrategia coordinada en todo el país, será difícil revertir las tendencias, más aún considerando que están asociadas en una alta proporción de casos, a contextos sociales complejos, y en no pocas ocasiones, a contextos de inseguridad y violencia relacionada con la delincuencia organizada.

En otros rubros, hay situaciones delicadas como los numerosos casos documentados en medios locales y nacionales, relativos a abusos de autoridad que se relacionan precisamente con lesiones, abuso sexual, violación y en los casos extremos, el homicidio, perpetrados por agentes de la ley, que también en una muy alta proporción, sus actuaciones permanecen en la impunidad.

El primer gran problema sin resolver es el estado de fuerza tan reducido que tienen las corporaciones municipales. Hasta el 2020 se estimaba que se tenía un déficit de al menos 100 mil elementos en el nivel municipal, para llegar al estándar internacional recomendado para sociedades en paz. En evidencia, poco se ha hecho en las entidades y municipios para reducir ese déficit y dado el incremento demográfico del país, es incluso posible que la necesidad de más personal se haya incrementado.