La transformación
Ivabelle Arroyo
No me tomó por sorpresa la actitud de Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando llegó a la Presidencia. No estrenaba nada: se repetía. Su ego, su creencia en la superioridad de su misión, su incapacidad para escuchar discrepancias y su disposición a encontrar no vinculantes las leyes que no se ajustaran a sus objetivos eran ya elementos que lo definieron durante su paso por la jefatura de la Ciudad de México (2000-2006) y durante la travesía como opositor de izquierda de 2006 a 2018. Me preocupaban más las actitudes, ésas sí nuevas, de la sociedad mexicana. El miedo a López Obrador de algunos sectores, la furia contra la clase política saliente de otros y la ciega esperanza en un candidato carismático de millones de mexicanos, generaron una polarización preocupante.
Yo misma, como analista, temía que mis críticas me pusieran en riesgo, no por una posible represión de Estado, sino por un, más probable, linchamiento en mi edificio. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia con un holgado margen, pero los votos no se comparaban con la multiplicación de las actitudes de quienes confiaban en él para construir un gobierno honesto y eficiente que corrigiera las taras de la corrupción y la desigualdad. Yo les tenía miedo a sus defensores y a sus detractores en la calle, en las redes sociales y en mi propia familia. Calentaban velozmente los ánimos y diluían el análisis crítico.
Creí entender que la fuente de esa polarización era una ilusión relacionada con el misticismo religioso. Reviso mis reflexiones y reencuentro conceptos como sacrificio, verdad y culpa. Durante unos meses, por ejemplo, no hubo gasolina suficiente en el país y el oficialismo, más que explicar su decisión de cortar el suministro, demandaba abnegación para resolver el problema del robo de combustible. El desabasto terminó, pero el problema del robo no se resolvió.
La culpa se asomó en otros casos de decisiones ejecutivas, marcadamente en los temas de medicamentos e infraestructura aeroportuaria. El presidente generó pérdidas millonarias para el erario al cancelar un aeropuerto a medio hacer y produjo carencias criminales de medicinas en todo el país al cancelar los procesos de adquisición pública. La razón detrás de sus decisiones tenía que ver no con el delito (ese concepto más laico y asible), sino con la culpa. La culpa de los de antes. El aeropuerto estaba manchado con la culpa de los corruptos de antes. Las compras públicas estaban marcadas con la culpa de los gobiernos anteriores y sus cómplices industriales. El castigo no se reflejó en mecanismos formales de sanción e investigación, sino como manotazo en la mesa que decía: aquí manda un nuevo jefe y nadie le dice cómo; paren todo lo que están haciendo y vuelvan a empezar pero a la nueva manera.
